POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti se encuentra “en condición clínica estable”, por lo que está apta para asistir personalmente al juicio del Caso AMSA.
Personal del Inacif realizó un reconocimiento médico a la exvicemandataria derivado de que el pasado 15 de junio, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C reanudó el juicio del Caso AMSA, el abogado defensor de Baldetti, Ludwin Alamilla, dijo que su defendida padecía de quebrantos de salud y no estaba en condiciones de asistir a la audiencia.
La postura de Alamilla fue sostenida por el Sistema Penitenciario (SP). El director de dicha institución, Juvell De León, dijo que la exvicemandataria se encontraba deshidratada y no podía asistir a la sede del Tribunal.
El Tribunal, presidido por el juez Pablo Xitumul, solicitó al Inacif que corroborara lo indicado por el SP y el abogado defensor, sin embargo, los resultados del reconocimiento médico arrojaron resultados contrarios.
“Ingrid Roxana Baldetti Elías se encuentra en condiciones clínica estable, hidratada, con signos vitales en límites normales”, determinó el Inacif.
BUSCA ENTORPECER
El juicio contra Baldetti y los otros doce acusados en el Caso AMSA inició el pasado 11 de junio. Desde que arrancó la audiencia, el abogado Alamilla intentó que la diligencia se suspendiera. Según dijo al Tribunal, recién se había incorporado y no estaba preparado para ejercer la defensa de Baldetti, pero el Tribunal no accedió a suspender el juicio.
Ante la respuesta negativa, Baldetti pidió a gritos al tribunal que suspendiera la defensa porque su abogado no estaba preparado, pero el juez Pablo Xitumul negó la petición.
Alamilla insistió recusando al juez Pablo Xitumul, pero el Tribunal decidió rechazar la recusación por frívola e improcedente.
La continuación del juicio se reprogramó para el 2 de julio. De momento, no hay impedimento para que la exvicepresidenta no acuda a la audiencia.
Baldetti está acusada de participar en la suscripción de un contrato fraudulento para el saneamiento del Lago de Amatitltán que costó Q137.8 millones, de los cuales el Estado pagó Q22.8 millones.
