POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal con lo que se dejó en suspenso el trámite de una denuncia que interpuso la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por violaciones a la independencia judicial.
La jueza Erika Aifán señaló hace unas semanas ante el Procurador de los Derechos (PDH) que su independencia judicial estaba siendo vulnerada por la Sala Tercera, la cual está integrada por los magistrados Jaime Amílcar González Dávila, Beyla Estrada y Zonia de la Paz Santizo.
La jueza se quejó de que la Sala Tercera la estaba obligando a que ejecutara una orden ilegal, pues pretendía forzarla para que cerrara el proceso penal a favor del ciudadano ruso, Igor Bitkov.
“Me encuentro preocupada por posibles intentos de vulneración de la independencia judicial, a través de diversos mecanismos, sobre todo atendiendo al grado de vulnerabilidad y riesgo que representa la judicatura a mi cargo, por ello respetuosamente le solicito que dentro del marco de sus funciones, me proporcione el apoyo y acompañamiento”, dijo Aifán al PDH, Jordán Rodas Andrade.
Atendiendo al pronunciamiento de Aifán, el PDH solicitó a la Sala Tercera un informe circunstanciado. Sin embargo, los magistrados de la Sala no estuvieron de acuerdo con que se les requiriera información al respecto, por lo que plantearon el amparo ante la CSJ y el mismo fue otorgado provisionalmente.
Este amparo provisional faculta a los magistrados para no rendir ningún informe al PDH y también suspende el trámite de la denuncia que interpuso Aifán.
REPERCUSIONES
El acompañamiento que el PDH dio a la jueza Aifán le implicó repercusiones al Magistrado de Conciencia. Recientemente, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ) lo denunció ante el Congreso por una supuesta injerencia.
A consideración del Instituto, Rodas Andrade ha injerido en la labor del OJ al atender la denuncia de Aifán y también al haber declarado una violación a los derechos humanos del exfiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, quien permaneció detenido más de 90 días sin que se solventara su situación jurídica.
