Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Algunas personas creen que cuando se hacen señalamientos contra un gobernante se está atentando contra la institucionalidad, y ello es porque no entienden el término que no puede traducirse, de ninguna manera, en que a punta de impunidad se pretenda consolidar ese Estado de Derecho que es pilar de la tan mal cacareada institucionalidad. En el caso del presidente Jimmy Morales no creo que alguien tenga algo personal contra él o que se pretenda enjuiciarlo con el fin de removerlo del cargo. En todo caso, si se produce algún proceso tiene que ser sobre hechos constitutivos de delito y si se da ese extremo lo correcto es que se pueda aplicar la ley.
Cuando se formularon los cargos contra Otto Pérez Molina y presentó su renuncia, el sistema funcionó sin sobresaltos y el ya designado vicepresidente Alejandro Maldonado asumió la Presidencia de la República de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento constitucional. En cualquier caso y con cualquier Presidente la situación debe ser exactamente la misma porque lo que no se puede permitir en ningún país del mundo es que se privilegie la impunidad bajo el pretexto de que no se deben generar cambios que alteren la institucionalidad. Por el contrario, lo que de verdad hace daño a las instituciones democráticas es ese peregrino criterio porque justamente por ello es que en países como el nuestro se ha llegado a extremos de irrespeto a la ley sobre la base de que quien tiene el poder puede hacer lo que le venga en gana sin temer consecuencias legales.
Si tomamos como ejemplo el Caso del Financiamiento Electoral Ilícito se debe comprender que, debido a una mañosa norma las instituciones encargadas de investigar esos delitos se topan con un muro de impunidad que se origina en la inmunidad llevada a extremos tales que ni siquiera es posible investigar a fondo a un funcionario, porque las leyes impiden cualquier pesquisa en su contra. No digamos en otros casos en los que puedan estar involucrados los políticos que gozan de ese amparo legal que les coloca por encima de la misma ley.
En España se vio recientemente un cambio intempestivo en el gobierno como resultado de investigaciones de corrupción y Mariano Rajoy ni siquiera había sido alcanzado por los señalamientos, pero su responsabilidad política como dirigente del partido marcado por la corruptela le costó el puesto. Y todo se hizo de conformidad con las leyes constitucionales que establecen los mecanismos de sucesión sin que por ello se altere la institucionalidad.
Tenemos que llegar a un punto en el que se sepa que el ejercicio de funciones públicas lejos de ser un escudo para delinquir tranquilamente debe implicar mayores responsabilidades y, por lo tanto, mayor exposición a consecuencias por actos ilegales. Se supone que el funcionario es un servidor público que, por lo tanto, debe mantenerse rindiendo cuentas a los ciudadanos y en caso de incumplimiento de las leyes debe someterse a los procesos correspondientes. Eso sí que sería promover y afianzar la institucionalidad y debiera convertirse en la meta de toda esa gente que ve micos aparejados en las críticas a los que ejercen el poder y dicen que lo que hay es intención de removerlos del cargo.
