Por Sonny Figueroa
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El diputado Luis Hernández Azmitia presentó una iniciativa de ley que pretende acabar con la prisión preventiva para las personas que hayan cumplido un año en la cárcel de forma provisional. Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, considera que una iniciativa de esta naturaleza debería discutirse desde el seno del Sistema de Justicia, ya que las propuestas que salen del Congreso no siempre tienen base técnica.
“Existe un hacinamiento en el Sistema Penitenciario. De la población privada de libertad, el 55 por ciento es por una prisión preventiva, eso nos debe preocupar porque el promedio de estas personas es de 2.5 años –estar en prisión preventiva– y eso afecta el bolsillo de los guatemaltecos en Q230 millones por la alimentación de los privados de libertad al año. También se viola los derechos humanos. En el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ver que se está violando los derechos a privados de libertad”, dijo Hernández Azmitia.
Este beneficio, según el diputado, no aplicaría para las personas señaladas por los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, extorsión, plagio o secuestro, asesinato, homicidio doloso, femicidio, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación a menos de doce años, robo agravado, tenencia o portación de arma de fuego con número alterado, pornografía infantil en todas sus formas, trata de personas en todas sus formas, delitos contra los deberes de la humanidad y los que ya contempla el Código Penal.
SEÑALADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN
Esta iniciativa de ley sí aplicaría para los expolíticos señalados en casos de corrupción. Al ser consultado al respecto, el diputado Hernández Azmitia dijo que los guatemaltecos no deben pensar que la iniciativa es para beneficiar a exfuncionarios.
Del total de privados de libertad que son más de 23 mil, únicamente 297 son por casos políticos. No pensemos que esto está hecho para los casos políticos hay un reo que lleva 5 años y 11 meses privado de libertad bajo una prisión preventiva. Lo que estamos buscando con eso es preservar el Estado de derecho de los guatemaltecos, concluyó el diputado.
DEBE SER ANALIZADO POR EL SISTEMA DE JUSTICIA
Para Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, es positivo que se discuta el tema porque la prisión preventiva prolongada se convierte en una violación a los derechos humanos.
“Es bueno que el tema se esté discutiendo, pero las soluciones deben buscarse en el seno del Sistema de Justicia. Los diputados solo crean propuestas que tienen como fin buscar una solución sin conocer el punto de vista técnico, puede haber casos de protagonismo o el interés de beneficiar a personajes, las propuestas que salen del Congreso no necesariamente tienen una base técnica”, recalcó Ibarra.
En el pasado se ha discutido el tema de dilación de la justicia y saturación del sistema como uno de los causantes de que los sindicados permanezcan por tiempo prolongado en prisión preventiva en Guatemala.
Según datos oficiales, en Guatemala la cantidad de sindicados guardando prisión preventiva es de 9 mil 379, quienes representan el 39 por ciento de personas vinculadas a proceso penal.
Esto se debe a muchos factores, entre ellos los retrasos en los procesos penales en el Sistema de Justicia que lleva a que sindicados acumulen meses privados de su libertad, ya que la carga laboral en los juzgados sobrepasa, en muchos casos, la capacidad humana de los operadores de justicia o a que los abogados defensores intervienen con diversos recursos que atrasan los casos.
