El tema del financiamiento electoral constituye seguramente la piedra angular del problema que vive Guatemala por los efectos de un Estado que en medio de la corrupción dejó de cumplir sus fines. La Hora ha sostenido que más que pecado original de nuestra democracia, como dijo el comisionado Iván Velásquez, ese financiamiento fue su pecado mortal porque, en efecto, mató la democracia para convertirla en pistocracia y eso es lo que ha generado el desbarajuste que hoy como país vivimos.
No hay ya calificativos para señalar lo que ocurre con un gobierno cínico y sin norte que centra toda su actividad en ver cómo detiene la lucha contra la corrupción porque sabe que se los va llevar por delante. Un gobierno que toda su gestión la ha centrado en eliminar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad y que no atina a encarar ninguno de los problemas reales que caen bajo su competencia, ni siquiera en cuestiones tan graves como la tragedia provocada por el desastre del Volcán de Fuego, hecho que sirvió para mostrar a propios y extraños cuán perdidas están nuestras autoridades.
Hoy se continuará con el debate y aprobación de las reformas al financiamiento electoral ilícito y los diputados están eliminando la responsabilidad de los Secretarios Generales de los partidos y reduciendo a niveles de impunidad las penas para que el sistema siga dependiendo de esa forma de cooptación ya ampliamente conocida. Es obvio que hay conflicto de interés, como planteó la bancada por la Transparencia y como lo esgrimen la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y el colectivo JusticiaYa en un amparo presentado ayer, puesto que los diputados representan a partidos implicados y que debieron haber sido cancelados y están protegiendo con esas reformas sus propios intereses y a los dirigentes de sus partidos.
El inaudito proceder debe ser repudiado, por supuesto, porque la Corte de Constitucionalidad recomendó al Congreso ajustar la normativa penal, pero no que la despedazaran para convertirla en pieza de impunidad, de esa misma impunidad que ha sido el aliento de la corrupción, porque la ausencia de castigo es una invitación permanente para que los pícaros hagan de las suyas.
Honestamente hay que decir que los diputados están buscándole tres pies al gato y provocando reacciones de la ciudadanía que pueden tener graves consecuencias, porque no es posible que los corruptos legislen sobre el castigo a la corrupción toda vez que es seguro que harán lo que esté a su alcance para exonerarse y establecer un modelo que les permita continuar con la perpetua cooptación del Estado.
