Edgar Villanueva
Esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión del beneficio de Status de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los salvadoreños a partir del 2019. Nuestros vecinos gozaban de este beneficio migratorio, que consiste, entre otras cosas, en poder residir y trabajar temporalmente de manera legal en los Estados Unidos, desde que el huracán Mitch devastara la región centroamericana en 1998 y habían logrado sucesivas renovaciones, protegiendo de esa manera a cientos de miles de salvadoreños.
Todavía no se tiene certeza sobre la viabilidad de la medida tal y como ha sido emitida. Seguramente diversas organizaciones de migrantes, recurrirán a las cortes estadounidenses buscando neutralizarla y a su vez habrá campañas para concientizar sobre la importancia de renovar el TPS para los salvadoreños en los Estados Unidos de América.
Esta medida pareciera ser ajena a los guatemaltecos, quienes no gozamos de los beneficios que otorga el TPS en gran parte porque después del Mitch, el gobierno de la época consideró que no era necesario para los guatemaltecos. Asimismo, porque a pesar que hemos tenido argumentos para solicitarlo, las gestiones que han realizado diversos gobiernos no han tenido el éxito deseado. Sin embargo, la decisión de no renovar la designación de TPS para El Salvador tiene un impacto para Guatemala y los guatemaltecos que debemos de poder medir y manejar.
Se estima que hasta 200 mil salvadoreños estarían siendo repatriados en el 2019 una vez termine el período que se ha dado para que la medida entre en vigencia. Con las condiciones imperantes por el momento en El Salvador, podemos afirmar con alto grado de seguridad, que muchos de ellos emprenderán su camino de regreso a Estados Unidos si no encuentran trabajo y una vida digna para sus familias. Este tránsito por nuestro país genera una presión en materia de seguridad, en temas humanitarios y migratorios que generan un costo y que obliga al Estado de Guatemala a prepararse para los efectos que pudieran generar migraciones masivas.
Más importante que el costo y preparación que conllevan estos fenómenos en nuestro país, está el efecto que esta medida pueda tener en las familias migrantes guatemaltecas, pues muchas de ellas están integradas por padre o madre salvadoreña, varios de ellos gozando de la protección del TPS. El rompimiento o desarraigo que la decisión del presidente Trump va causar en estas familias tendrá un alto costo humano y económico para nuestro país y para nuestros connacionales radicados en Estados Unidos, quienes además de ser miembros importantes de nuestra sociedad, son uno de los pilares de nuestra economía.
En preparación para que la decisión del Gobierno de los Estados Unidos se materialice, es importante mantener y buscar incrementar el trabajo que el Gobierno de Guatemala hace en protección de nuestra población migrante en EE. UU. Es importante tender puentes con la Administración Trump para trabajar de la mano y hacer conciencia de la importancia que tienen las poblaciones migrantes para la economía y estabilidad regional.
