Javier Monterroso
Nunca en la historia de nuestro país un proceso de elección de magistrados había sido tan cuestionado, esto a pesar de que hace poco más de cinco años la diputada Nineth Montenegro apoyada por la sociedad civil especializada en temas de justicia lograran la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, esta ley sin cambiar el sistema de Comisiones de Postulación establecido en la Constitución Política desde 1985, logró dotar al proceso de una mayor transparencia, criterios racionales de selección de aspirantes y normas mínimas de funcionamiento, pero la ley no podía cambiar el fondo del asunto, porque el problema es de naturaleza constitucional.
Como lo he planteado en reiteradas ocasiones, nuestro sistema adolece de varios problemas de fondo, por ejemplo el hecho de que los abogados litigantes seleccionen a los magistrados que posteriormente juzgarán los casos de estos abogados; además se permite que los Magistrados de Corte Suprema elijan y a su vez sean electos por Magistrados de Salas de Apelaciones; y por si fuera poco no se promueve una verdadera carrera judicial. Todos estos problemas requieren reformas constitucionales.
En ese sentido es lamentable ver a organizaciones de la sociedad civil que hasta hace poco eran propositivas y serias en sus análisis, rasgarse las vestiduras y darse golpes de pecho por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, resolución que aunque hubiera mandado a repetir todo el proceso no hubiera variado en esencia los resultados, pues serían los mismos actores quienes volverían a cooptar los 34 espacios dentro de las Comisiones de Postulación. Las organizaciones se equivocan al querer que la Corte de Constitucionalidad resuelva problemas de diseño del sistema y/o de naturaleza política, no le competen a este órgano.
Tampoco es cierto que a raíz de la resolución de la CC vaya a aumentarse la impunidad y la corrupción, así como hay magistrados que definitivamente no debieron ser electos y otros muy buenos candidatos que quedaron fuera, también es cierto que hay muy buenos magistrados entre los electos tanto en Corte Suprema como en Apelaciones, y otros muy malos elementos que debido a una suerte de autodepuración del sistema quedaron fuera. Las generalizaciones y condenas a todo un grupo en muchas ocasiones son injustas y sin fundamento.
Lo que es evidente es que contamos solamente con 5 años para la próxima elección de magistrados, es decir, solo 5 años para hacer cambios de fondo al sistema, esta es tarea de todos los que tienen un interés legítimo en el sistema de justicia y no sólo de las organizaciones sociales, deben involucrarse como actores fundamentales el Colegio de Abogados y las asociaciones de jueces y magistrados, puede ser que el diálogo por la justicia convocado por CICIG sea el escenario adecuado, pero no se debe de perder la perspectiva, cualquier cambio normativo y sobre todo constitucional en el sistema de selección de jueces y magistrados es imposible sin los partidos políticos.
