Analistas de política opinaron que el trabajo del Congreso de la República durante el primer periodo de sesiones del año, respondió a una agenda para fomentar la impunidad y la corrupción, centrada en velar por los intereses de un grupo mayoritario de diputados y no por el beneficio de la ciudadanía.
Además, señalan la iniciativa de ley que cambia la tipificación y penas en el delito de financiamiento electoral ilícito (para salvar a los secretarios generales, entre otras cosas) o la que pretende permitir que los congresistas tránsfugas se puedan reelegir, como ejemplos de intentos para procurar el beneficio personal de los legisladores.
Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, cuando se legisla a favor de la impunidad los diputados quieren agraciarse con las personas, pero lamentablemente no se les observa con esa misma decisión aprobando leyes más importantes, de beneficio para el pueblo.
“Son leyes que tienen un tinte popular y lo que intentan es congraciarse con esos actores, pero de esa misma manera no se ven discutiendo temas que son más importantes para el país como mejorar la economía, el Sector Justicia y el cuidado de los recursos hídricos. Lamentablemente los diputados solo actúan con decisión cuando les beneficia a ellos”, expresó Marroquín.
Para los politólogos, Jorge Wong y Renzo Rosal, cuando los diputados no actúan de una manera populista, que es la mayoría del tiempo, están fomentando actos de impunidad en el Congreso que a continuación se detallan:
MOMENTOS DE RECHAZO AL CONGRESO, INTENTO DE REMOVER AL PDH, JORDÁN RODAS
El 13 de marzo, con el apoyo de 85 diputados, el Congreso citó al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, para que ante el pleno explicara la razón de su presencia en la Plaza de la Constitución el 8 de marzo, cuando organizaciones feministas celebraban el Día Internacional de la Mujer.
El argumento de los diputados fue que el PDH ofendió a la iglesia Católica por participar en la marcha de la Poderosa Vulva como se le denominó y por tal motivo pretendían removerlo del cargo, a pesar que Rodas explicó en varias ocasiones que su presencia fue para conmemorar el aniversario por la muerte de las 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Esta citación fue suspendida, porque la Corte de Constitucionalidad (CC) determinó que no estaba lo suficiente sustentada.
LA CANCILLER AUXILIADA POR LA BANCADA OFICIAL
En febrero, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, visitó al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres para quejarse de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y del Jefe de esta, Iván Velásquez. Esta información fue filtrada y los diputados del Frente Parlamentario, luego de una citación, pidieron interpelar a la Canciller.
Llegado el juicio político, legisladores de la Bancada Oficial FCN-Nación y Bloques aliados (Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, Unionista, Todos, entre otros) se encargaron de afectar la interpelación, ya que interferían con gritos y aplausos. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, se encargó de salvar a Jovel, evitando que respondiera preguntas comprometedoras sobre su reunión con el Secretario General de la ONU.
FINANCIAMIENTO ELECTORAL
Empezando febrero, la Corte de Constitucionalidad exhortó al Congreso a modificar las penas del articulo 407 N del Código Penal que se refiere al delito de financiamiento electoral ilícito. A consideración de la CC las penas por el financiamiento proveniente del crimen organizado, lavado de dinero o de actividades ilícitas no deben ser las mismas para el financiamiento electoral anónimo y no registrado.
El Legislativo creó una Comisión Extraordinaria que elaboró y dictaminó una iniciativa de ley que busca modificar la tipificación del delito y castigar el financiamiento electoral anónimo y no registrado con penas de 2 hasta 5 años de prisión, lo que las convierte en conmutables, es decir, se encuentra culpable a la persona, pero queda libre a cambio de un pago.
Pero además, la propuesta que cuenta con dictamen favorable modificó la tipificación del delito y con ello buscan salvar a los secretarios generales y lograr, por medio de la impunidad, eliminar algunos de los casos existentes por el delito de financiamiento electoral.
Esta iniciativa ya puede ser conocida por el pleno y aprobada, incluso de urgencia nacional.
ELIMINAR EL CASTIGO AL TRANSFUGUISMO
El Jefe de la Bancada Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia, presentó una iniciativa de ley que pretende derogar el artículo 205 Ter. de La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que se refiere al transfuguismo y sus castigos.
Hernández Azmitia dijo que busca derogar el artículo 205 Ter. porque se prohíbe a las organizaciones políticas recibir diputados tránsfugas, y eso limita a los legisladores su derecho a ser reelectos.
Parte del artículo 205 Ter. Dice: “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política”.
Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales presidida por el diputado Fernando Linares Beltranena, quien ha dicho públicamente que está en contra de castigar el transfuguismo.
SEÑALAN UN CONGRESO INEFICIENTE
El politólogo Renzo Rosal calificó como ineficiente el actuar de los diputados y señaló que han impulsado acciones regresivas en la lucha contra la impunidad y la corrupción, señalando iniciativas que debilitan el delito de financiamiento electoral ilícito y permiten el transfuguismo.
“Ineficiente y regresivo se ha visto la actuación del Congreso. Cuando me refiero a regresivo es por las acciones que han presentado para la protección de ellos mismos. En el caso del Congreso hay un abandono de no legislar para el país y está muy claro que esta manera de legislar -a favor de ellos- incrementará en 2019, porque será un año electoral”, dijo el experto.
Sobre que una agenda más a favor de los diputados y candidatos políticos será impulsada el próximo año, Rosal afirmó que será así y que el tiempo para impulsar leyes de beneficio al país ya pasó.
“El primer periodo de sesiones ordinarias -de este año- era la última oportunidad para hacer un trabajo productivo, el segundo periodo se irá perdiendo porque nos acercamos al año electoral y 2019 ya se espera un trabajo menor. Estamos cerrando, en términos reales, el periodo de la actual legislatura para blindarse y de ineficacia”, concluyó Renzo Rosal.
TRABAJO LEGISLATIVO EN NÚMEROS
Según los registros de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, durante el primer periodo ordinario se presentaron 53 iniciativas de ley, una de estas fue la que declara el 8 de marzo como el Día Nacional de las Víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y aprueba una pensión vitalicia a las niñas y adolescentes sobrevivientes. Esta iniciativa fue presentada cuando se cumplió un año del incidente y no ha recibido el apoyo de los diputados.
En total, trece decretos fueron aprobados durante este primer periodo ordinario, entre estos se encuentran la Ley del Día Nacional de la Amistad entre la República de Guatemala y el Estado de Israel, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$150 millones destinado a educación y una ampliación presupuestaria por Q875 millones para que las municipalidades ejecuten obras de arrastre de 2017.
PERSISTE EL PACTO DE CORRUPTOS
Jorge Wong, politólogo, apuntó que en el Congreso existen dos grupos de diputados, los que integran el Pacto de Corruptos que apoya leyes que fomentan la impunidad y un grupo reducido de diputados que intentan hacer una diferencia, pero que sus esfuerzos no son suficientes, señalando que por eso la labor del Congreso en forma general, deja mucho que desear.
“El tipo de trabajo que está haciendo es prácticamente a favor del Pacto de Corruptos y para pasar leyes que los beneficien –a los diputados- más adelante que les permitan la reelección y proteger a sus financistas, esto es la vieja política. Los verdaderos temas que son educación y salud no se tocan y ahí nos damos cuenta que los problemas de país no les interesan. A ellos les interesa mantenerse en el poder, que Guatemala siga siendo el mismo país”, apuntó el Wong.
ALEJOS: UN ENORME ESFUERZO DE LOS DIPUTADOS
Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, calificó como positiva la aprobación de trece decretos durante el primer periodo de sesiones ordinarias, considerando que es un año preelectoral y habitualmente el trabajo en el Congreso para esa fecha siempre baja.
“Consideramos que ha sido positiva la aprobación de los trece decretos que están orientados en temas sociales, apoyo a la educación y reactivación económica. Considero que ha sido un trabajo bueno, principalmente porque este es un año preelectoral en donde los partidos empiezan a hacer nominaciones. Es un año atípico de poder trabajar dentro del Organismo Legislativo y se ha hecho un enorme esfuerzo”, señaló Alejos, quien agregó que espera que los diputados sigan apoyando en la aprobación de leyes en beneficio para el país.
