Hoy el Parlamento de España destituyó al presidente Mariano Rajoy tras una investigación sobre corrupción que alcanzó al Partido Popular del que Rajoy era dirigente y de acuerdo con las normas constitucionales procedió a elegir al socialista Pedro Sánchez como su sucesor sin que la institucionalidad del país sufriera menoscabo alguno. España demostró, en la práctica, que nadie es superior a la ley y que los mecanismos constitucionales funcionan a la perfección dentro del ejercicio democrático cuando se produce una situación como la que afecta al que hasta el día de hoy fue partido de gobierno.
En cualquier país del mundo existen mecanismos legales para garantizar la institucionalidad cuando se producen excesos o la ausencia de quien ejerce el poder. En Guatemala ocurrió cuando Jorge Serrano Elías dispuso arbitrariamente disolver los otros dos poderes del Estado y la Corte de Constitucionalidad enderezó el rumbo desconociendo su autoridad. Lo mismo pasó en el 2015 cuando tras la renuncia de Roxana Baldetti se eligió como Vicepresidente a Alejandro Maldonado, a quien le tocó asumir la Presidencia cuando Otto Pérez Molina también fue alcanzado por los efectos de la voraz y criminal corrupción de su gobierno.
Ayer en Guatemala se conmemoró el Día de la Constitución y los desafiantes discursos dieron a entender que cualquier investigación contra los más altos funcionarios era un atentado contra la democracia y la institucionalidad. Se alega que el resultado electoral se convierte en una especie de mandato sagrado e irrevocable, aun en el caso de que quien haya sido electo incurra en excesos y cometa delitos. Se abusa de la inmunidad como si la misma fuera en realidad un manto inviolable de impunidad y eso no es lo que pretende la legislación que regula el derecho de antejuicio.
No hay país donde las autoridades estén protegidas aún en el caso de la comisión de delitos, porque precisamente la idea es que nadie sea superior a la ley y de hecho en Guatemala se ha empezado a demostrar que ese aforismo jurídico empieza a ser una realidad con las investigaciones y procesos de los últimos años, pero tenemos que admitir que históricamente aquí hemos tenido mucha gente impune por su poder político, económico o militar.
Una democracia real no puede tolerar los delitos cometidos por sus más altas autoridades y tiene instrumentos y mecanismos para corregir el rumbo. En el caso de Rajoy ni siquiera se ha iniciado proceso en su contra, pero bastó la certeza de la corrupción en su partido para que el Parlamento lo destituyera sin alterar la institucionalidad.
