Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La correcta administración de justicia es el elemento indispensable en cualquier Estado de Derecho porque compete finalmente a los jueces calificar las acciones de las personas y castigar la comisión de cualquier tipo de delitos y por ello es que en el proceso de consolidación de la impunidad en Guatemala, los poderes fácticos se propusieron el control del aparato judicial mediante el manoseo de los procesos de postulación a fin de garantizar la aplicación selectiva de la ley para que nunca pudiera alcanzar a los que aquí, por casta o posición, han sido históricamente impunes.
Por supuesto que aún entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones hay gente proba, competente y con alto sentido de responsabilidad y de la ética, pero esos poderes paralelos se han asegurado que sean minoría. Y lo mismo ocurre con los jueces de Instancia entre quienes se ha podido comprobar que hay un selecto, pero muy digno grupo que en medio de las deficiencias estructurales que tiene nuestro Sistema de Justicia, se esmeran por proceder con estricto apego a los más altos valores que deben siempre inspirar esa función esencial en cualquier Estado de Derecho.
En los últimos años nuestro sistema se ha visto sometido a serias pruebas porque por vez primera se producen investigaciones de delitos cometidos por quienes históricamente fueron favorecidos por la impunidad y hemos visto que en Primera Instancia, tanto en las fases de instrucción como de sentencia, disponemos de jueces no sólo competentes desde el punto de vista jurídico, sino además honestos y valientes para desafiar un modelo fraguado con mucho cuidado y esmero para garantizar impunidad.
Hoy, esos jueces se encuentran acosados por las fuerzas más oscuras que tienen el control del sistema y en vez de ser reconocidos por su actuación correcta, se ven sometidos a procedimientos que tienen la finalidad de irlos arrinconando, cuando no de apartarlos de sus cargos para que no sigan permitiendo el avance real de la justicia. Todas las instancias de supervisión operan diligentemente contra los jueces probos y se hacen de la vista gorda con quienes descaradamente proceden de forma venal.
Ayer vimos que la misma Corte Suprema de Justicia, que rechazó de plano una fundada acción de antejuicio contra el juez Moto, le dio trámite a similar procedimiento enderezado contra la jueza Aifán en una acusación que no puede ser más burda porque se le sindica de haber violado la inmunidad de una magistrada al permitir el allanamiento de la residencia de su esposo, ya ligado a proceso por la comisión de delito.
La acción no fue contra la magistrada esposa del acusado de ser delincuente ni se incautó nada que pudiera afectarla a ella. No hay un documento o prueba producto de ese allanamiento que haya servido para incriminar a la magistrada, de donde nadie puede alegar violación a su derecho de antejuicio. Y es inaudito que la misma Corte Suprema de Justicia que protegió a Moto, juez altamente cuestionado, desproteja a una jueza que ha dado muestras de probidad.
