Raúl Molina
El Estado fallido y neocolonial que hoy padecemos tiene su soporte en una Constitución que ya no corresponde con la realidad de nuestro país. No basta con hacerle reformas, como los sectores de poder económico han logrado en varias oportunidades, y como, ingenuamente, la URNG y la sociedad civil intentamos hacer en 1999. Hay que redactar una nueva, no por el Congreso, corrupto e ilegítimo, sino que por una Asamblea Nacional Constituyente de características especiales. En este período de desgobierno se intentó la reforma del Sistema Judicial, como mínimo, y el Congreso se ha encargado de que no se discuta ni se apruebe. Igual ha pasado con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional, que sigue sufriendo modificaciones antojadizas de las y los diputados, contrarias al interés ciudadano. Con motivo de cumplirse 33 años de la Constitución, los discursos de Jimmy Morales y Felipe Alejos, que sacralizan dicho documento, nos muestran que el Pacto de Corruptos desea mantener sin cambios la Carta Magna. Es escudo de corrupción e impunidad.
Desde su aprobación en 1985, muchos denunciamos que la Constitución era un instrumento contrainsurgente. Trató de darle legitimidad ante la comunidad internacional al régimen todavía militarizado, pretendiendo que la transición a gobierno civil producía la democratización del país. En esencia, la Constitución generaba un gobierno civil tutelado por las fuerzas armadas, en alianza con el sector privado y los intereses estadounidenses, como quedó demostrado con la sumisión de Vinicio Cerezo ante el aparato militar. En su formulación, sin embargo, diputados audaces e inteligentes lograron introducir elementos favorables a las grandes mayorías, como el capítulo de derechos humanos, así como preservar algunos enfoques que han estado vigentes desde la Constitución de 1945, tales como la seguridad social, la educación pública y la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Era, sin embargo, una Constitución para intentar ganar en el Conflicto Armado Interno y lograr recuperar apoyo internacional. Desde luego, se pusieron toda clase de candados –modalidad controlada para la reforma constitucional, artículos inamovibles y Corte de Constitucionalidad, entre otros– para restringir la voluntad popular. Por todo ello, la URNG negoció con el gobierno de Arzú un acuerdo específico de reformas constitucionales; pero al llevarse a referendo, el partido oficial no apoyó las reformas aprobadas en el Congreso, las cuales fueron derrotadas. Se impidió así el reconocimiento de la existencia de cuatro pueblos en el país y todos los derechos y beneficios que de esto se derivarían; por otro lado, llevamos veinte años de retraso en la transformación del Sistema Judicial. La Constitución de 1985, con parches o no, ya no nos sirve. De la violencia de la represión hemos pasado a la violencia criminal; de partidos con ideología de centro-derecha hemos pasado a partidos sin más ideología que la corrupción; del ejército ejecutor de la doctrina de seguridad nacional se ha pasado al servidor fiel de la “dictadura de la corrupción”. Urge el cambio.
