Hemos reiterado que el Embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompass, es un diplomático que tiene muchos años de mostrar extraordinario aprecio por nuestro país y su gente y que ha sido importante aliado en la promoción del bien común y el respeto a los Derechos Humanos. Su anterior presencia en Guatemala como alto funcionario de Naciones Unidas fue crucial en temas relacionados con esa materia y la promoción de políticas para beneficio de los pobladores menos favorecidos por la fortuna. Al llegar como representante de su país en calidad de Embajador, retomó su entrega y dedicación producto del amplio conocimiento que tiene de nuestros principales problemas.
Por supuesto que uno de ellos, causante en gran medida de la cantidad de dificultades que afrontan los guatemaltecos, es el tema de la impunidad que alienta la corrupción desviando los recursos que tendrían que servir para impulsar el desarrollo y de esa cuenta el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha sido parte de su agenda de cooperación.
El Gobierno ha emprendido acciones en contra del embajador Kompass precisamente por esa identificación que ha mostrado con la CICIG y como ya sabemos que en toda la política exterior se dejó de normar las “relaciones internacionales con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”, puesto que todo gira y se norma por el empecinado propósito de eliminar a la Comisión.
Por ese despropósito los ciudadanos Hellen Mack y Alfonso Carrillo presentaron un Amparo ante la Corte de Constitucionalidad que fue declarado ayer con lugar para dejar sin efecto la acción de la Cancillería para pedir al Reino de Suecia la remoción en el plazo de 30 días del Embajador que es, además, representante de ese Estado en varios países de la región. Y el fallo de la Corte de manera explícita da la razón a los recurrentes para detener una acción evidentemente arbitraria que no corresponde a los fines esenciales del Estado ni a las normas sobre el ejercicio del poder público porque es evidente que el presidente Morales está actuando con obvio interés personal en el esfuerzo por acabar con la CICIG que ha permitido avances en la lucha contra la corrupción y que, de paso, investigó a sus familiares y a quienes financiaron ilícitamente su campaña política.
