El Estado se encuentra en una situación sumamente delicada por el impasse en las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso de la República para darle solución a la crisis anunciada por el gobierno en materia de las finanzas públicas y que fue, desde un principio, causa del déficit en la recaudación.

Pero aun cuando esa recaudación se ha reducido, no podemos dejar de mencionar que parte del problema real del Estado es que tiene que darle cobertura a las malas prácticas administrativas y la sobrevaloración de cualquier gasto por la generalizada práctica de corrupción que ha envuelto a la administración pública por las últimas décadas.

Estamos seguros que la brecha de la recaudación es menor que el costo de la corrupción que se encuentra enquistada desde los niveles más bajos de la administración, hasta los contratos de altas dimensiones. Para muestra, la deuda sin respaldo que se está gestionando para que sea cancelada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda muy a pesar de quienes creemos que simplemente no hay compromiso cuando se ha pactado a partir de la ilegalidad. Contratos sin respaldo son ilegales y los responsables tanto de la administración responsable como de las empresas que se prestaron a eso, tendrían que ser castigados.

Lo mismo sucede con los gastos de operación y en la atención a funcionarios que, pareciera, son de otro país. Porque entendemos que para el ejercicio de las funciones públicas hace falta que se cuente con los recursos de comunicación, movilización y atención que requieren los funcionarios, pero otra cosa es tener que gastar más de lo necesario con tal de cumplir con un monumento al ego de quienes ejercen puestos de poder.

La responsabilidad financiera del Estado debe estar en las necesidades del país y priorizar la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos sobre los acuerdos que se hayan hecho con quienes se benefician de los contratos, compras y concesiones con las instituciones.

Parte fundamental de esa responsabilidad financiera es considerar el costo a largo plazo de los compromisos que se tienen que adquirir cuando es por medio de deuda que se le quiere dar cobertura al presupuesto porque termina siendo una muy cara forma de cubrir la emergencia.

Pero lo más importante es que se tiene que considerar que las políticas de tributación no han sido adecuadas y mientras no solo se tenga una baja tasa, sino que a eso se le sume una pésima recaudación y mala calidad del gasto, será muy difícil encontrar un camino más prometedor.

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