Marco Tulio Trejo Paiz
La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos existe en Guatemala señores políticos, pero no la aplican, más bien no la quieren aplicar los politiqueros guatemaltecos porque les afecta en su quehacer diario, ese quehacer que les permite aprovecharse sin miramientos del Estado.
En las últimas semanas hemos visto todos los guatemaltecos, quienes no me dejarán mentir, que funcionarios de alto nivel como Ministros de Estado, han usado su puesto para realizar cualquier tipo de acciones en beneficio propio o de sus familias, lo cual debe terminar porque el pueblo está cansado de este proceder, muy típico de la política tradicional guatemalteca.
Como podemos ver en la mencionada Ley, la misma fue aprobada con el objeto de crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública, lo cual no se cumple ni por la más mínima expresión de la palabra.
Lo más delicado del caso es que un ente investigador como la Contraloría General de Cuentas o bien el Ministerio Público, no actúan de oficio al tener, en sus manos, casos como los del ministro del Medio Ambiente, Alfonso Alonzo o bien oír las tristes declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quienes claramente se niegan a dar cuentas claras del ejercicio de sus funciones.
No es posible que veamos que un alto funcionario público como el señor Alonzo, se burle de la Ley y salga diciendo hoy una cosa y mañana otra con respecto al uso indebido de un helicóptero, pagado por el Estado, para beneficio propio, como es el caso de que lo utilizó 30 kilómetros para ir a votar en la pasada Consulta Popular por el caso Belice.
Pero no todo queda allí, a raíz de su pleito con los medios de comunicación, los cazanoticias se dieron la tarea de escudriñar su gestión y encontraron que sus dos exesposas trabajaban en el Ministerio que dirige, por el simple hecho de haber tenido una relación sentimental con el susodicho funcionario. Lo cual riñe totalmente con la Ley de Probidad y Funcionarios y Empleados Públicos.
Y en otro caso que deja mucho que desear del accionar de un funcionario público, es el caso donde hemos tenido que escuchar a la canciller Sandra Jovel, decir a todo pulmón, que no tiene permitido revelar el nombre de los empresarios que pagaron el traslado de la comitiva presidencial que viajó a Jerusalén, Israel, a inaugurar la nueva sede diplomática, lo cual es totalmente inaudito, porque ella tiene la obligación de dar cuentas claras de quehacer público.
En el artículo 7., de la mencionada Ley dice: Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.
Entonces señores del Ministerio Público y de la Contraloría de Cuentas que esperan y que más necesitan para actuar contra estos funcionarios que claramente se niegan a dejar las mañas de los politiqueros, de esos seres que creen que son dueños del puesto y no saben que ser servidor público significa trabajar por el bien común y no por el beneficio propio.
Pero lo que más me llama la atención es que el número uno del país, don Jimmy Morales, se haga de la vista gorda, será que es porque, le saben algo o bien que uno de los dos funcionarios han sido sus operadores políticos durante la campaña que lo llevó al poder, razones de peso, para no ponerse los pantalones, y con eso demostrar que está en contra de la corrupción.
Por lo tanto esperemos que dice Juan Pueblo, quién será su duro juzgador.
