Javier Monterroso
Durante tres años los guatemaltecos hemos visto como la CICIG y el Ministerio Público libraron una lucha contra la corrupción sin precedentes a nivel mundial, pues estoy seguro que ni siquiera en Brasil con el famoso Caso Lava Jato que involucró a varios gobiernos Latinoamericanos se realizó una cruzada de la magnitud de la que Iván Velásquez y Thelma Aldana lograron en Guatemala, y los resultados están a la vista: prácticamente la totalidad del Gabinete de Gobierno del Partido Patriota en prisión, casi todos los ministros del gobierno de la UNE enfrentando proceso penal, una docena de diputados presos y casi la mitad del Congreso con solicitudes de antejuicio, incluso el todopoderoso exalcalde de la ciudad estaba siendo investigado por varios casos de corrupción antes de morir, y varios empresarios poderosos, entre ellos algunos de las famosas ocho familias que tradicionalmente han controlado el país, están pendientes de una cita en tribunales y posiblemente deban rendir cuentas ante la justicia.
Sin embargo, esa etapa de lucha contra la corrupción parece haber llegado a su fin: Thelma Aldana dejó el cargo de Fiscal General y aunque la nueva Fiscal asegura que seguirá con el trabajo conjunto con CICIG y el combate a la corrupción, al igual que sucedió con su predecesora tardará varios meses en lograr encontrar la clave de la institución que maneja, por lo que posiblemente en ese tiempo no se presenten nuevos casos, y en cuanto a la CICIG el mandato vence en septiembre de 2019, y todo parece indicar que el presidente Jimmy Morales no piensa renovar el convenio por lo que posiblemente el experimento de la CICIG tenga sus días contados.
Pero a pesar de la salida de Thelma Aldana y posiblemente en un futuro próximo de Iván Velásquez la lucha contra la corrupción no puede ni debe detenerse, pero sí debe cambiar de enfoque: y el mismo ya no debe ser únicamente desde el punto de vista de la persecución penal sino que se debe enfocar en acciones de carácter preventivo y de reforma institucional que garanticen que el Estado de Guatemala nunca más volverá a ser cooptado por grupos de personas que lo ven como un botín político, esto en ningún caso significa que no debe continuarse con la persecución penal en contra de los corruptos, pues no solo deben seguirse investigando nuevos casos sino los que se encuentran actualmente en tribunales deben llegar a juicio, sin embargo, estos tres años de lucha demuestran que la corrupción es como la hidra de la mitología griega, que cada vez que se le cortaba una cabeza surgían dos en su reemplazo, por eso debemos pasar a quemar las cabezas de la hidra para evitar que resurjan otras, esto implica la transformación del Estado de Guatemala, de sus instituciones y legislación.
Esta transformación no es para nada fácil, e implica una cirugía mayor que comienza por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para oxigenar el sistema político y permitir la participación plena de la ciudadanía, reformas a la Constitución Política de la República para modificar el diseño institucional del Estado, la reforma a la ley del Servicio Civil para permitir funcionarios públicos capaces y de carrera, una nueva Ley de Compras y Contrataciones que posibilite el funcionamiento del Estado pero que a la vez tenga candados para evitar la corrupción y, además, una nueva Ley de la Contraloría General de Cuentas para contar finalmente con una institución que fiscalice efectivamente el uso de los fondos públicos, aunque todo esto parezca imposible en estos momentos. En la próxima columna explicaré la forma de lograr todos estos cambios a corto plazo.
