Arlena Cifuentes
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Aclaro que mi formación en Derecho es casi nula, amén de lo que logro entender por lo que se dice y pocas veces se explica a través de los medios de comunicación. Desde la primera vez que, a raíz de los diversos procesos que ha abierto el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, cuando se inició la utilización de los testigos protegidos o colaboradores eficaces.
Ha sido evidente que, en muchos de los casos, estos personajes han jugado un papel importante en la aportación de declaraciones acusatorias y la identificación de los lugares en donde podrían encontrarse pruebas fehacientes en contra de los imputados. Ello tomando en cuenta que los mismos han formado parte de las estructuras que están siendo sindicadas y se supone, serán procesadas por los delitos que se les imputa, sobre todo en aquellos casos en los que los implicados son exfuncionarios de gobierno acusados, entre otros delitos, por corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero.
Resulta importante señalar que aunque a algunos no les guste, esto ha permitido que muchos de esos funcionarios estén librando su proceso, en los Tribunales de Justicia, que son los que en primera y última deberán sobre la base de las pruebas aportadas –que en su mayoría proceden o fueron señalados los medios de prueba por los testigos protegidos o colaboradores eficaces–, si deben ser condenados.
Entiendo entonces, que todo lo dicho y aportado por esos testigos, son asumidos por fiscales y jueces como valederas –verdaderas no, porque se supone que los abogados de los imputados, pueden presentar las pruebas de descargo que consideren pertinentes y por ello puede conjeturarse que algunas de ellas puedan ser rebatidas y desestimadas–. Vuelvo a aclarar que no estoy defendiendo a nadie ni tampoco dando por culpable a nadie, solo trato que alguien me explique lo que escribo a continuación, ya que es un detalle que no ha sido abordado.
Por lo dicho hasta ahora, damos por supuesto que lo que declaran los testigos protegidos o colaboradores eficaces, es asumido por los fiscales como una fuente real que permite continuar con sus investigaciones, si fuera el caso, o fortalecer aquellas que ya han sido recabadas y suman en su validez.
Ahora bien, en días pasados el testigo protegido o colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, señaló algunos medios de comunicación, periodistas y personas particulares sobre su vinculación en el caso que se estaba ventilando. No obstante, no hubo ningún tipo de reacción por parte de los fiscales, la Fiscal General ni de la CICIG, ni siquiera la solicitud de un informe oficial al respecto.
La Pregunta es: si todo lo que ha dicho el testigo protegido y colaborador eficaz ha sido tomado como cierto o cuando menos como indicio que puede llevar adelante la investigación con una orientación mucho más precisa, el tema al que he hecho referencia no pasó por aclaraciones hechas por quienes fueron señalados. Eso me hace suponer que los órganos encargados de la investigación reconocen algunas declaraciones como casi verdades y otras no, como decía un cómico mexicano: “No tiene la menor importancia”, ¿Podría alguien explicármelo, por favor?
