Stu Velasco
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Guatemala tiene hoy a su servicio a dos nuevos funcionarios públicos, ambos a cargo de sendas instituciones del Sector Justicia de los cuales depende en demasía que el progreso de nuestra sociedad continúe, han sido electos por el señor presidente de la República, Jimmy Morales, luego de superados los procesos que en materia legal fueron establecidos para la designación de tan importantes como sensibles cargos; estos nombramientos se realizan en medio de un convulsionado escenario de rivalidades, confrontaciones, debates, pronunciamientos ciudadanos de confianza y desconfianza ante el perfil profesional y trayectoria de quienes tendrán a cargo dos instituciones del sistema de justicia guatemalteco.
Al frente del Ministerio Público hoy está la doctora María Consuelo Porras Argueta, profesional del Derecho; resaltando en su hoja de vida haber sido fiscal del Ministerio Público, una trayectoria en el sistema de justicia, hasta alcanzar ser magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. A cargo de la Procuraduría General de la Nación, el licenciado Jorge Luis Donado Vivar, quien es conocido también en el sistema de justicia por fungir como subdirector de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) y fiscal contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, como podemos observar ellos poseen un recorrido interesante en instituciones encargadas de administrar justicia, de desarrollar procesos de investigación y persecución penal; enfocados a la resolución de hechos punibles que atenten contra la seguridad e integridad de los guatemaltecos como en el resguardo del orden, cumplimiento e interpretación de la máxima norma jurídica como es la Constitución Política de la República de Guatemala.
A la Fiscal General del Ministerio Público por mandato legal le corresponde dirigir a una institución cuya naturaleza es de funciones autónomas, promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, debiendo desempeñarse con objetividad, imparcialidad y anteponer el principio de legalidad en toda actuación; el Procurador General de la Nación también tiene en sus manos un determinante trabajo, el cual es representar y defender los intereses de nuestro Estado en todos los juicios en que fuere parte y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos, intervenir, brindar asesoría y consultoría a los órganos estatales, y algo que en nuestro país es urgente una mejor representación de los ausentes, menores e incapaces cuando no tengan personero legítimo conforme al Código Civil.
Guatemala continúa inmersa en lo que podríamos definir un proceso de consolidación de nuestra democracia, el cual tampoco es nada placentero, debido a que conlleva capítulos realmente duros y traumáticos, que escribimos a diario todos los guatemaltecos, con la fe y exigencia de que merecemos un país mejor, siendo estos capítulos los que definirán el rumbo y grado de desarrollo que Guatemala alcance, los cuales serán el legado de las generaciones que nos sucedan.
El desafío de quienes hoy están a cargo de ambas instituciones de Estado son: ser pilares que fortalezcan el sistema de justicia de todos los guatemaltecos, coadyuvar a la seguridad y construcción de una sociedad mejor, esto lo lograrán si en su actuar demuestran estricto cumplimiento a la ley, si velan por los intereses de todos los guatemaltecos permaneciendo firmes en la lucha contra la corrupción, comprendida como una transformación y demanda impostergable de nuestra sociedad, la cual se experimenta en Latinoamérica entera, la que ha develado redes y estructuras que por décadas han corroído y devastado el desarrollo de nuestros países. Serán sus resultados los que definan su nombre y honor ante su país.
