Hoy empezó la gestión como Fiscal General de la República de Guatemala la licenciada Consuelo Porras, quien llega al Ministerio Público nombrada por uno de los principales enemigos de la lucha contra la corrupción que se emprendió en el año 2015 con el destape del Caso La Línea, y que en estos tres años ha continuado para demostrar que nuestra institucionalidad está carcomida por la existencia de una generalizada corrupción que ha desvirtuado la función esencial del Estado toda vez que la búsqueda del bien común quedó perdida porque eso no genera coima, mordida o soborno suficiente para movilizar a ningún empleado o funcionario público.
Los augurios pueden parecer desalentadores por el origen del nombramiento, pero cabe recordar que la anterior Fiscal General, Thelma Aldana, fue nombrada por el general Otto Pérez Molina que dirigió uno de los gobiernos corruptos que hemos tenido en el país y, pese al origen de ese otro nombramiento, el trabajo desarrollado fue crucial para desmantelar las redes de negocios ilícitos que operaban en distintas instancias de ese gobierno, y continuó luego con investigaciones muy serias encaminadas a judicializar casos relacionados con los vicios estructurales de nuestro sistema político.
Hoy la Fiscal Porras dijo que su gestión será de puertas abiertas y que continuará y fortalecerá el trabajo que se ha realizado en el Ministerio Público, y anunció que para el primer acto público que se realizaría hoy mismo ya fue invitado el Comisionado Iván Velásquez lo cual, por supuesto, no será del agrado de alguna de la gente que espera que la nueva gestión arranque con una radical ruptura de vínculos entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La ciudadanía seguirá con detenimiento las acciones de la nueva conducción del Ministerio Público, especialmente en lo que se refiere a la corrupción porque se entiende que el origen de nuestros males y del descalabro del país y de su institucionalidad está precisamente en la forma en que se terminó poniendo a todo el aparato estatal al servicio de los más oscuros negocios habidos y por haber. La ausencia de verdaderas políticas públicas de desarrollo para impulsar ese ansiado bien común es consecuencia de que nada se planifica y, mucho menos, nada se hace sin que de por medio estén millonarias sumas que se han convertido en el motor de prácticamente todas las decisiones de un sector público carcomido hasta sus cimientos por el serio problema de la podredumbre que se ha extendido a lo largo y ancho del sistema político.
