Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La semana pasada trascendió que el Tribunal Supremo Electoral pidió informes al Juzgado que está conociendo el caso de financiamiento electoral ilícito antes de tomar una decisión respecto a ordenar la cancelación del partido FCN-Nación como lo pidió de manera expresa el Ministerio Público. Cuesta creer que los magistrados del TSE sean abogados porque ellos saben que el tribunal que lleva el caso penal está apenas en las primeras etapas del proceso y no podrá aportarles más detalles de los que ya le presentó la Fiscalía contra Delitos Electorales y los que por obligación ellos debieran tener a disposición producto de sus propios mecanismos de control.
En realidad la actitud del Tribunal Supremo Electoral es para entretener la nigua sin tener que meterse a resolver conforme a lo que en derecho le corresponde hacer porque no debemos olvidar que los magistrados fueron electos por nuestra clase política y por lo tanto tienen compromisos que cumplir y por ello es que no se animan a tomar las decisiones correspondientes con partidos como el que postuló en las últimas elecciones a Jimmy Morales y el que mantiene como su principal figura a la que fuera esposa de Álvaro Colom.
El tema es que desde las primeras investigaciones, cuando le tiraron todo el muerto a una contadora que no tenía la menor responsabilidad en el control del financiamiento porque la ley claramente establece que es el Secretario General el responsable ante la ley, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se hicieron papos para no cumplir con sus deberes y ahora ratifican su falta de entereza cuando recurren a esa patraña dilatoria simplemente para no tener que fajarse como corresponde, es decir, ordenando la cancelación de partidos que incumplieron con los términos de por sí flojos y laxos para el control del financiamiento electoral ilícito.
No puede sorprender a nadie la actitud del TSE porque está demostrado que en esa instancia hay un juego de poderes muy intenso porque se privilegian los compromisos adquiridos por los magistrados cuando fueron electos por los diputados al Congreso de la República y literalmente se cantan de tener que tomar la medida que en derecho corresponde, cancelando a agrupaciones políticas que han operado de forma mañosa y que encubrieron millones que les fueron proporcionados por prominentes financistas que ya admitieron públicamente los hechos y hasta explicaron que hicieron esas donaciones anónimas precisamente porque así lo pidió el entonces Secretario General y candidato presidencial del partido FCN. Ya se dijo que el mismo Morales les dijo que no podía hacerse la donación de manera transparente porque él quería seguir apareciendo como alguien modesto y sin recursos para mantener la imagen de que era distinto a la vieja política.
Este es un caso sólido en el que los mismos financistas han explicado ya su versión de los hechos y está clarísimo que hubo aportaciones millonarias que incumplieron esos mínimos de ley, por lo que es inaudito que los magistrados se anden por las ramas cuando lo que deben resolver está más claro que el agua.
