POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El juez José Eduardo Cojulún, titular del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, decidió otorgar una medida sustitutiva al expresidente Álvaro Colom y a los exministros Jerónimo Lancerio y Oscar Erasmo Velásquez.
A cambio de su libertad, el juez impuso una fianza a Colom de Q500 mil por cada delito por el cual fue procesado. En la primera declaración, el exmandatario fue ligado a proceso por fraude y peculado, por lo que tendría que pagar Q1 millón para salir de la prisión.
A Lancerio y a Velásquez el Juez les impuso una fianza de Q100 mil.
En tanto, el juez Cojulún negó la petición del exministro Salvador Gándara y de Gustavo Alejos de obtener una medida sustitutiva.
MP Y CICIG SE OPONEN
Tanto la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se opusieron a que Colom fuera beneficiado con medida sustitutiva, ya que según expusieron en audiencia, existe el riesgo de que el exmandatario aproveche su libertad para influir en el curso de las investigaciones.
Tras escuchar la postura de ambos entes de investigación, Colom, con evidente molestia, solicitó al Juez que le diera el beneficio de la medida sustitutiva y dijo: “no voy a fugarme como una rata cuando yo sé que voy a ser declarado inocente”.
Asimismo, el expresidente se refirió a la agente fiscal de la FECI y le pidió que le preguntara a la fiscal general, Thelma Aldana, si cuando fue presidente y ella era magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) él la llamó para pedirle un favor.
“Que la llame ahorita y que le pregunte si mientras ella fue cinco años magistrada y uno de mis años de gobierno presidenta de la Corte el presidente la llamó una vez para pedirle un favor… ¡Nunca!”, exclamó Colom.
De esta forma, el exmandatario aseguró que no influirá en el curso de la investigación.
CASO
Colom y su Gabinete fueron ligados a proceso por suscribir el Acuerdo 103-2009, el cual daba vida al proyecto del Transurbano y autorizaba al Estado otorgar Q270 millones a la Asociación de Autobuses Urbanos para que se hiciera cargo.
Sin embargo, la Fiscalía califica dicho proyecto como un fraude avalado por el gobierno de la UNE.
