Fernando Mollinedo C.
Preocupación es lo que más experimenta la sociedad, antes que un hartazgo de la corrupción política, económica y social que impera en este país donde los ladrones quieren que se les aplique la justicia selectiva y por ende salir indemnes de los cargos judiciales que se les imputan.
Sin necesidad de encuestas, la población sabe, reconoce y se lamenta de haber elegido a determinados personajes que respiran y transpiran miasmas y lixiviados aprendidos en sus hogares, por supuesto, en detrimento de la población que les confió la oportunidad de ayudar, proteger y hacerla crecer en todos sus sentidos positivos, pero contrario sensu, la hundieron no por casualidad en las dos principales preocupaciones: corrupción e inseguridad, fenómenos sociales relacionados entre sí.
Las prácticas corruptas que se dieron y dan en torno a las compras de gobierno relacionadas con maquinaria, equipos, software, alimentos, medicinas y vehículos entre otras, ocurre con la inadecuada distribución del presupuesto nacional, las transferencias hacia el Ministerio de la Defensa, el pago innecesario de servicios aéreos y artículos de lujo (lentes) así como el boato vehicular presidencial.
En la próxima campaña electoral ya no escucharemos el eufemismo de la opacidad pues los candidatos tendrán que hablar claramente utilizando los términos corrupción e impunidad para referirse a los contratos de infraestructura en general y otros rubros que tienen que ver con el involucramiento de funcionarios públicos (gubernamentales y municipales) que incurren en este tipo de actos. Eso es lo que tiene en una situación de hartazgo a la opinión pública guatemalteca.
La corrupción no es exclusiva de Guatemala; pero sí es un distintivo apoyar la investigación contundente de exfuncionarios estatales prófugos de casos como Odebrecht, TCQ, financiamiento ilícito a partidos políticos (¿se huevearon parte de lo recibido aquí y lo del extranjero?) distribución de gasolina en la terminal aérea, radares, líneas y las que vengan, extracción de mármol, nombramiento de contralores y jueces, Transurbano, fideicomisos municipales, órdenes falsas de libertad, ministros que compraron sus puestos, jaguar, aduanas, migración, Renap, tránsito, Gobernaciones y casi todas las dependencias gubernamentales.
He querido entender por qué la sociedad guatemalteca se convirtió en permisiva con la corrupción, tolerante y a veces cómplice aun cuando lo haya sido en algunos actos (por omisión de denuncia), lo contundente es que ha sido víctima de una clase política corrupta que abusa de ella, porque la mayoría es ignorante, iletrada y su principal compromiso de vida es sobrevivir día a día, lo que no ha permitido su acceso a la educación.
En algunos casos lo que ocurre es la respuesta violenta del Gobierno contra los ciudadanos que siguen ejerciendo su libertad de acción, exigiendo el cumplimiento de sus derechos naturales como mínimo: sobrevivir con las aguas de los ríos; en los hospitales comprar medicamentos y dejar de suministrarles agua destilada o placebos. Si se pretendiera responsabilizarla, eso equivaldría a trivializar el problema.
