Funcionarios muy cercanos a Jimmy Morales desde el principio de su gestión sostienen que el Gobierno no intentará expulsar a Iván Velásquez este fin de semana y que los rumores que circulan al respecto no tienen fundamento. Sin embargo, es un hecho que desde el viernes pasado se inició una abierta y agresiva ofensiva gubernamental en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y contra el Ministerio Público, partiendo no sólo del allanamiento que se hizo a la Guardia Presidencial ubicada en la otra manzana de donde está la Casa Presidencial, sino de una investigación de CICIG que llevó a uno de los agentes a buscar la dirección de una empresa cerca de donde vive el Ministro de Gobernación.
Aparte, han estado circulando una serie de mensajes advirtiendo de actos de violencia que se atribuirían a grupos sociales que están manifestando en contra del Gobierno y del partido oficial. Profusamente; en redes sociales, se habla de alteraciones graves del orden público y del ahora socorrido tema del peligro para la seguridad nacional, cantaleta que sirve exactamente para que se pueda invocar la implementación de las normas de la vieja Ley de Orden Público.
Lo cierto del caso es que existe una evidente actitud de confrontación del mismo Presidente con la CICIG y el MP, situación que no es invento de nadie ni producto de rumores sino resultado del discurso que pronunció Morales el pasado viernes en la tarima militar, arropado por el Alto Mando del Ejército al que le pidió al menos en una ocasión que, si querían, podían aplaudir sus abruptas expresiones, logrando que la concurrencia terminara aplaudiendo algo que no les había motivado, ni siquiera a su familia, para expresar la aprobación por esa sonora vía.
El Presidente sostiene que no recibió dinero de los financistas que aceptaron su culpa y en esos dimes y diretes se tendrá que dejar que sean los tribunales los que determinen la realidad de los hechos porque resulta extraño que un grupo de empresarios diga que sí, que dieron dinero para financiar a los fiscales de mesa de FCN, aceptación que por supuesto tiene implicaciones legales, y que el entonces Secretario General del partido diga que no es cierto.
Por ello es que hemos insistido hasta el cansancio que la inmunidad no debe nunca ser parapeto para evitar investigaciones y que ningún funcionario, como dijo Jimmy Morales cuando criticó a Otto Pérez Molina, está por encima de la ley. Es un caso legal que se debe dirimir como corresponde sin acciones de fuerza que comprometan la estabilidad.
