Por Kimberly López
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El profesional del derecho, Oswaldo Samayoa, explicó desde el Ejecutivo que se ha hecho una mala interpretación del marco legal en medio del cual se le dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según el abogado, existe un mecanismo establecido en el mandato de la Comisión en el que Guatemala se comprometió de buena fe a cumplir con el convenio.
Según el Organismo Ejecutivo, la CICIG se ha extralimitado en las funciones establecidas en el mandato que le dio vida. Sin embargo, según el experto, Guatemala debe atender al compromiso que adquirió al suscribir dicho convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“La Constitución establece en su artículo 149 la forma en que el Estado de Guatemala se relaciona a nivel de relaciones exteriores. Este artículo hace referencia a que el Estado de Guatemala maneja sus relaciones con base en los principios, normas y a las prácticas del derecho internacional. Según esto, se hace referencia al principio de buena fe, principio por el cual todo aquello que se firma en relaciones internacionales obliga a cumplirlo”, indicó el entrevistado.
Samayoa recordó que en 2003, Guatemala solicitó a ONU el apoyo para desarticular las redes ilegales y esto tuvo como resultado la creación de la CICIG que se logró con un acuerdo bilateral.
“El propio acuerdo establece que de existir contradicciones estas se deben resolver de forma diplomática sin atender a otras instituciones, entonces, no es por vía del artículo 46 que establece los tratados en materia de derechos humanos como superiores al nombramiento interno, es por vía del artículo 149 en donde por principio de buena fe el Estado de Guatemala está comprometido a cumplirlo”, explicó Samayoa.
INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE ES PROCEDENTE
Samayoa explicó, respecto al tema de CICIG, que sí es procedente que el Presidente pueda solicitar una revisión del acuerdo en los términos que le competen a la Procuraduría General de la Nación, que son los términos jurídicos de la Presidencia y del Estado, lo que no sería procedente es pedirle que investigue a los funcionarios de CICIG o del MP.
