Raúl Molina
Es claro que nos dejamos engañar por las mentiras de quienes viven de la política. Preferimos creer lo que nos dicen que vernos forzados a tomar decisiones difíciles, que pasan por desarmar el andamiaje de dominación. Hay mentiras que son un insulto, como la del Presidente al afirmar que no es corrupto o la de la Corte Suprema de Justicia cuando indica que no hay razones para quitarle la inmunidad por la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y que el recurso planteado por diputados del Congreso al respecto tenía una “finalidad política”. Este domingo, se va a consumar el gran fraude del referendo sobre Belice. Un gasto de Q300 millones, que incluye un bono especial para las y los empleados del Tribunal Supremo Electoral y todo tipo de gastos, menos el de habilitar a las y los guatemaltecos en el extranjero para ejercer su derecho al voto. Se nos engaña diciendo que el voto “sí” nos permitirá ir a la Corte Internacional de Justicia a defender los derechos de Guatemala en su diferendo con Belice, cuando eso se pudo haber hecho desde que se aprobó la Constitución en 1985. En estos días también somos testigos del timo del proceso para designar al Fiscal General. Llevamos más de una semana de escuchar sobre los méritos y la falta de los mismos de una gran cantidad de candidatos al puesto y se escucha de puntajes y de “difíciles decisiones” de la Comisión Postuladora. Todo para caer en que al final será el “Corrupto en Jefe” quien seleccionará a la persona que le convenga. Cual dictador, decidirá quién le hace menos daño a las y los corruptos; peor aún, elegirá a quien en vez de combatir la corrupción y la impunidad, transforme el MP en instrumento de represión contra el movimiento social y los pueblos indígenas. En esto ni la Embajada de Estados Unidos dirá nada, porque la decisión la tomará el protegido de Trump. Felicitamos la marcha del 12 de abril de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, que exigió que se designe como Fiscal General a una persona intachable. ¿Qué haremos después?
Si el Presidente hace de las suyas y selecciona a una persona tachable, van a quedar dos opciones: una, tragarnos la decisión y perder todos los avances contra la corrupción, lo cual será consolidado con el paquete de leyes de impunidad que el Pacto de la Corrupción pretende llevar adelante en el Congreso -también denunciado por la Asamblea Ciudadana- para seguir cometiendo abusos; o, dos, sacar la podredumbre de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La clase política, apoyada por el CACIF y la cúpula de las fuerzas armadas, nos dirá otra gran mentira: deben respetarse las instituciones democráticas. Es tiempo de romper el cascarón de democracia que ha dejado de tener sentido. Me pronuncio a favor de la subversión total; ya que no tenemos democracia, sino que “la dictadura de la corrupción” y, en tales casos, tenemos el derecho como ciudadanía a recurrir al supremo recurso de la rebelión, según el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para lograr la verdadera democracia, hay que destruir las “instituciones democráticas” actuales.
