POR DÁNICA COTO
SAN JUAN
Agencia (AP)
El gobierno de Puerto Rico presentó ayer un plan fiscal que excluye los recortes al sistema de pensiones y despidos que pretendía la junta federal de supervisión, mientras que los legisladores de la isla, molestos por las exigencias del organismo, debaten una propuesta que retendría los salarios de los miembros de la junta, entre otras cosas.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo a la prensa que espera que su gobierno y la junta federal puedan concretar un acuerdo respecto al plan fiscal para que puedan avanzar rumbo a la reestructuración de una porción de los más de 70 mil millones de dólares en deuda pública de Puerto Rico, sumido en una recesión de 11 años. El funcionario indicó que, si la junta aprueba un plan fiscal que contenga despidos y un recorte del 10% a un sistema de pensiones que ya enfrenta pasivos por casi 50 mil millones de dólares, su gobierno no implementará dichas medidas.
“Pedimos a la junta que reconsidere su postura de intentar imponer políticas públicas y le permita al gobierno de Puerto Rico hacer su trabajo”, indicó Rosselló.
El organismo aún no comenta públicamente sobre el plan fiscal, que el gobierno de la isla ajustó para cumplir con algunas de las exigencias de la junta.
Rosselló no dijo si es que respalda una propuesta que el Senado de Puerto Rico aprobó recientemente, la cual retendría fondos públicos destinados a una junta que opera con un presupuesto de 60 millones y que aspira a recibir 80 millones en los próximos años. Se gastan casi 2 millones de dólares de fondos públicos en los salarios de la junta, incluidos 625 mil dólares anuales que percibe su director ejecutivo.
Rosselló expresó que entiende la frustración que está creciendo con respecto al organismo de supervisión de finanzas.
