Luis Enrique Pérez
El gobierno de Guatemala y el gobierno de Belice convinieron en celebrar una consulta popular para aprobar o no aprobar que la Corte Internacional de Justicia resuelva el reclamo de Guatemala sobre parte del territorio continental, insular y marítimo de Belice, y determine los límites territoriales entre ambos Estados. La corte resolvería el reclamo solo si, en consulta popular, los ciudadanos de ambos Estados, pero no de uno solo, aprueban que lo resuelva.
Guatemala celebrará la consulta popular en el próximo día 15 de abril. Belice quizá la celebre durante los cuatro últimos meses del presente año, o durante los primeros cuatro meses del año próximo, presuntamente porque antes deben celebrarse elecciones municipales, y renovarse el registro electoral de ciudadanos. O quizá nunca la celebre.
Los beliceños tienen una ventaja: si los ciudadanos guatemaltecos no aprueban el asunto consultado, el gobierno de Belice ya no tiene que celebrar una consulta popular; y si lo aprueban, los beliceños tendrán la certeza de que depende de ellos acudir o no acudir a la Corte Internacional de Justicia para que dicte la solución del reclamo territorial de Guatemala.
Empero, la cuestión esencial no es que los guatemaltecos aprueben o no aprueben el asunto consultado, ni que los beliceños tengan la ventaja de ser consultados después de que los guatemaltecos hayan sido consultados. La cuestión esencial es que los beliceños no aprobarán el asunto consultado, porque no están dispuestos a cederle territorio a Guatemala, aunque fuera una miserable porción.
Si los beliceños aprobaran que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre la reclamación, admitirían la posibilidad de una cesión territorial; pero ellos no admiten tal posibilidad. Algunos políticos beliceños hasta pretenden prohibir que los guatemaltecos residentes en Belice, y quizá también los guatemaltecos que han adoptado la nacionalidad beliceña, participen en la consulta, porque pueden aprobar el asunto consultado. Para consumar tal prohibición, podría ser reformada la ley beliceña sobre consulta popular. Aparentemente, acudir a un tribunal internacional es complacer a Guatemala. Es atentar contra el Estado de Belice.
Los beliceños podrían aprobar el asunto consultado si confíaran en que la Corte Internacional de Justicia dictaría una solución adversa a Guatemala. Por supuesto, tal confianza podría ser defraudada; y si tal confianza fuera defraudada, no aceptarían la solución, es decir, una solución adversa porque, como ya hemos afirmado, no están dispuestos a cederle territorio a Guatemala, aunque fuera una miserable porción. Puede conjeturarse que los beliceños prefieren eludir el riesgo de la confianza defraudada.
Si los beliceños aprobaran el asunto consultado, surgiría un factor que complicaría que Belice acatara una solución adversa: su Constitución Política define los límites territoriales del Estado. Y en esos límites está comprendida la parte que Guatemala reclama. Por ejemplo, por mandato constitucional el territorio beliceño “comprende la tierra continental de Belice y todas sus islas y cayos dentro del área limitada por las fronteras con Guatemala y México, y el límite exterior del mar territorial de Belice…” Y la frontera con Guatemala es el límite prescrito “por el Tratado entre el Reino Unido y Guatemala, firmado el 30 de Abril de 1859.” Este factor hasta puede ser un motivo para que Belice no celebre la consulta popular, porque celebrarla implica adquirir un compromiso no convenido: la posibilidad de reformar la ley constitucional
Entonces, si la solución judicial internacional fuera adversa, tendría que ser reformada la Constitución Política de Belice. Solo puede reformarla una asamblea nacional, y la reforma tendría que ser aprobada por todos los miembros de esa asamblea. Es improbable tal unanimidad; y por ello Belice tendría un extraordinario pretexto para no acatar una posible aunque improbable solución adversa del tribunal internacional.
Post scriptum. En suma: los beliceños no aprobarán acudir a la Corte Internacional de Justicia para que dicte una solución de la reclamación territorial de Guatemala; y si aprobaran que la dicte, aceptarán únicamente una solución adversa a Guatemala. Es decir, la consulta popular celebrada en Guatemala será inútil.
