POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Francisco Molina tiene seis meses en el puesto de subsecretario de Reinserción y Resocialización de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Sus funciones están orientadas a la reinserción y resocialización de más de 900 jóvenes detenidos en los cuatro centros de detención juvenil.
En una entrevista concedida a La Hora explica que ha cambiado de personal de los centros y las acciones tomadas por las medidas cautelares solicitadas hace algún tiempo. Además, aborda las muertes en los centros, la creación de un nuevo modelo de reinserción, entre otros.
Sobre su experiencia, señala, que es psicólogo. En los últimos años ha trabajado en la Dirección de Asentamientos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, ha sido asesor del Ministerio de Salud Pública, fue asesor en prevención del delito y Policía Comunitaria de la Reforma Policial, también trabajó en la Dirección General del Sistema Penitenciario.
La Hora: ¿Cuál es el diagnóstico de los centros de detención para jóvenes en conflicto con la ley penal?
Francisco Molina. El 5 de marzo cumplimos seis meses de estar en el cargo, hicimos un diagnóstico completo de lo que estaba sucediendo en los centros, usted pudo darse cuenta que veníamos de motín tras motín (esta entrevista fue antes de los últimos disturbios del 6 de marzo pasado) en diferentes centros de privación de libertad. Lo primero que vimos fue que lo que tenía una gran deficiencia eran los directores de los centros, el jefe de ellos. Inmediatamente tomamos medidas, destituimos a todos los directores y subdirectores de centros de privación de libertad, porque ellos tenían el primer contacto con los adolescentes y si algo estaba fallando en los centros, tenía que ser el responsable directo que era el director de centros.
Definitivamente, en cuanto a infraestructura, sí había que mejorar las áreas. La infraestructura no se presta para dar una reinserción adecuada al cien por ciento. Por eso vamos a construir un centro especializado en reinserción (que estará en las instalaciones que fueron del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, para jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad).
A raíz de todo eso, empezamos a tomar decisiones inmediatas como fue el cambio de directores de los centros, le pedimos apoyo a la Embajada de Estados Unidos, a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación a la Ley (INL) que actualmente nos están ayudando a elaborar las pruebas poligráficas a todo el personal que trabaja en los centros, desde monitores hasta los equipos multidisciplinarios.
L. H. ¿Cuántos directores y subdirectores destituyeron en total y cuándo fue eso?
F. M. Fue el primer mes, entré a hacer cambios drásticos. Calculo que destituimos a unas 60 personas dentro de los centros de privación de libertad, incluyendo directores, subdirectores, trabajadores de equipo multidisciplinario y monitores.
Las pruebas poligráficas nos han servido de apoyo y sustento para tomar buenas decisiones, de decidir quiénes continúan y quiénes no.
L. H. ¿Las personas que removieron eran quienes los tenían emplazados?
F. M. Como nosotros contamos con un sindicato que solo cabe decir que yo apoyo los sindicatos, siempre y cuando no se escuden para no hacer bien su trabajo. Obviamente se hizo un análisis de los que se pueden destituir, porque estamos emplazados, se toman las decisiones de destituir los que si nos permitían recursos humanos para no caer en ninguna ilegalidad, los que no pudimos destituir y sabíamos que no estaban haciendo un buen trabajo se les está hablando y quitando para que no tengan contacto con los adolescentes, por ejemplo se les rebaja a un torrete, o a la puerta.
L. H. ¿Cuál es la cantidad de jóvenes que están en los centros, sancionados y provisionales?
F. M. Actualmente tenemos 903 privados de libertad, tenemos provisionales 316 y sancionados 587.
L. H. ¿Cuántos son mayores de edad?
F. M. Tenemos 379 mayores de edad y 524 menores de edad.
L. H. ¿Cómo abordan la solicitud de algunos adolescentes, que exigen visita conyugal?
F. M. La ley no permite visita conyugal en menores. Cuando los directores les platican a ellos, siempre tienen el reglamento. Nosotros nos regimos por la ley, les decimos que podemos hacer lo que está en el reglamento. Ese es el desafío que tenemos, que es enseñarles a cumplir las reglas.
L. H. ¿Qué acciones han implementado para atender las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los cuatro centros? Algunas medidas demandaban proteger la vida e integridad de los jóvenes, mejorar las condiciones de los centros y fortalecer la seguridad. ¿Qué han logrado hacer?
F. M. Cuando yo entré había 150 monitores para los cuatro centros, pero se ha incrementado la contratación (prefiere no hacer pública la cantidad por razones de seguridad), hicimos un análisis de cuántos se necesitaban y se contrató los necesarios en cada centro para resguardar la vida de ellos.
También quiero decirle que el personal ha sido constantemente capacitado en temas de derechos de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, en seguridad y otros manuales. Aquí cabe decirle que implementamos la creación de la Academia de Monitores, entre la malla curricular que tenemos está defensa personal. Le pedimos apoyo al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y designó a una persona para capacitar a la primera promoción que tenemos, que son 38 monitores que se –graduaron– en la primera quincena de marzo.
L. H. ¿Cómo fue la formación? ¿Dónde los especializaron?
F. M. Actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Gobernación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), nos está capacitando en temas de seguridad, manejo de detenidos, cómo actuar en un incendio, cómo rescatar heridos. También está la capacitación de la PDH específicamente en temas de derechos de los adolescentes.
Además una colaboradora nuestra les dio un curso de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (Ley Pina) que nos rige. También, tenemos a la Universidad de Occidente que les está dando cátedras en sensibilización, manejo de adolescentes y justicia restaurativa.
Otro tema es que hemos contratado a 21 equipos multidisciplinarios que están compuestos por psicólogos, trabajador social, pedagogo, que se repartieron en los centros de privación de libertad, adicionalmente a los que ya existían, para darles una mejor atención a los adolescentes privados de libertad.
L. H. ¿Cuánto tiempo duró la capacitación?
F. M. Quince días completos, viviendo en el lugar, se les da capacitación incluso de noche, por ejemplo si hay algún terremoto para que ellos sepan cómo actuar. Es 24 horas al día.
L. H. ¿Cómo fue el proceso de selección?
F. M. Todos los monitores que trabajan actualmente, tienen que pasar por la capacitación, ahorita fueron 38, pero el cupo era de 40. Salen estos primeros 38, escogemos otros 38 y así nos vamos a ir, hasta completar todos nuestros monitores, esto no será una única vez, al terminar cada promoción, se vuelve a tomar la primera, solo que con una malla curricular actualizada, por ejemplo, en qué se necesita reforzar más, si a la primera promoción le hizo falta conocer más sobre la Ley Pina se capacitará más en la escuela de los monitores.
L. H. ¿Han pensado en extender el plazo? Porque quince días podrían ser insuficientes
F. M. Nunca había existido una academia, es primera vez. Fueron quince días ahorita, pero será una capacitación constante, estamos tomando acciones necesarias a corto plazo, para el buen manejo de los centros de privación de menores.
Adicional a esto, quiero decirle que tengo unas denuncias que he interpuesto en contra de personal nuestro: monitores, directores y subdirectores, los cuales ya no están trabajando con nosotros porque los destituimos o no tienen ningún contacto con los adolescentes y aquí están las denuncias, no vengo a solapar ni a cubrir a nadie. Vengo a luchar por los derechos de los adolescentes.
L. H. ¿Cuántas denuncias fueron en total las que interpuso?
F. M. Calculo que son un promedio de diez denuncias, porque hay algunas que yo personalmente he interpuesto y he dado instrucciones a la nueva directora de centros también.
L. H. ¿Qué pasó con el personal?
F. M. Como a mí no me queda claro para señalar quien golpeó –al adolescente– interpongo la denuncia ante el MP y explico que hay un adolescente golpeado y que pueden ser posibles malos tratos entre los adolescentes, entonces pido que por favor hagan la investigación. El MP es el que se encarga, con quien también hemos trabajado de la mano, cuando quieren llegar a hacer investigación, la instrucción que he dado es a puertas abiertas.
L. H. ¿Tienen sospechas que los monitores golpearon a los jóvenes, como para denunciarlos ante el MP?
F. M. Cuando sospechamos de algún maltrato, o que el adolescente diga verbalmente él es, interponemos las denuncias. Nosotros no solapamos a nadie, no queremos a nadie que no tenga la intención de querer trabajar bajo mi lema: velar por los derechos de los adolescentes.
L. H. ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes reincidentes?
F. M. 29 por ciento dentro de los cuatro centros –donde hay 903 adolescentes–.
L. H. ¿En qué consisten los programas de reinserción y rehabilitación?
F. M. Cuando venimos aquí no teníamos un modelo como tal, hemos trabajado con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e INL, estamos creando el Nuevo Modelo de Menores en Guatemala.
El Ministerio de Educación está apoyándonos, el Programa de la Unión Europea de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala (Sejust) nos hizo entrega de diez computadoras por centro para un total de 50 computadoras, donde vamos a impartir ofimática para empezar a capacitar en computación, que hagan su currículum y cuando salgan sea más fácil usar la computadora. También por un convenio entre Sejust y nosotros, este mes vamos a implementar panadería en los cuatro centros.
Hay cursos de arte. En el centro de mujeres hay cursos de belleza. Estamos tratando de reinsertar a los privados de libertad, a enseñarles que ellos pueden aportar algo positivo a la sociedad.
L. H. ¿Qué cantidad de jóvenes han muerto en los correccionales de 2016 a la fecha?
F. M. En 2016 fueron tres. En 2017 fueron seis y en el 2018, uno. Hay un tema muy delicado. Nosotros ponemos de inmediato la denuncia en el MP, viene, hace la investigación. Entra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tiene que decir las causas por las que murió, al parecer el último murió estrangulado, pero son diferentes formas. En 2016 cuando vi estos fallecimientos, giré instrucciones a la directora de centros, que le diera seguimiento en el MP a todos los casos de fallecidos, porque de esta manera hay que responsabilizar –a quien esté detrás de esto–.
L. H. ¿Tienen sospecha de algún trabajador de la SBS?
F. M. Yo siempre interpongo la denuncia en el MP y la dirección de centros. Es un tema delicado, de estructuras criminales.
L. H. ¿No descartarían que estuviera involucrada alguna persona de la SBS o que trabaje con ustedes?
F. M. Sería el MP quien tendría que decir directamente que fue lo que sucedió, pero no metería las manos por nadie al fuego. El protocolo es poner la denuncia y es el MP quien da seguimiento para establecer quién fue el responsable.
L. H. ¿Los jóvenes que están provisionales reciben formación educativa?
F. M. Dependiendo del caso y de la agilidad del juez, muchos pueden estar un mes o cuatro meses, pero si el sancionado quiere una capacitación en ofimática, panadería o cocina, puede optar, pero no puede estudiar primaria, por ejemplo, porque no lo permite el ciclo escolar; pueden optar por oficios.
L. H. ¿Qué expectativas tiene en este cargo?
F. M. Es un reto que estoy asumiendo con mucha responsabilidad y pasión. Tengo toda la voluntad, el apoyo de las autoridades y sé que desde el primer día que entré empecé a hacer cambios y muchos de los resultados que estamos obteniendo ahorita, los centros de detención han estado tranquilos. Si logro dejarle este nuevo modelo a los 903 privados de libertad, voy a dejar un sistema rescatable, tenemos la oportunidad de dejar algo bien hecho.
CIFRAS
Cantidad de jóvenes sancionados y provisionales en correccionales
903
Privados de libertad
316
Provisionales
587
Sancionados
¿Cuántos jóvenes son menores de edad en las correccionales?
379
Mayores de edad
524
Menores de edad
“Nosotros no solapamos a nadie, no queremos a nadie que no tenga la intención de querer trabajar bajo mi lema: velar por los derechos de los adolescentes”.
Francisco Molina, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Jóvenes en Conflicto con la Ley PenalEse es el desafío que tenemos, que es enseñarles a cumplir las reglas.
Francisco Molina, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal“La infraestructura no se presta para dar una reinserción adecuada al cien por ciento”.
Francisco Molina, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal
