POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Silvia Coralia Morales, presentó una excusa para no continuar conociendo el proceso penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien actualmente se encuentra separada del cargo. Esto, ya que, según la togada, su imparcialidad está en tela de juicio.
En su excusa, Morales asegura que en 2012 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida en aquel año por Francisco Dall’Anese, la incluyó a ella en un listado denominado “Los jueces de la impunidad”. Por esta razón, la jueza manifestó que el ente internacional duda de su imparcialidad y, en virtud de ello, prefiere apartarse del caso.
La excusa fue trasladada a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Esta instancia será la encargada de resolver si acepta el planteamiento de la jueza y nombra a un nuevo Juzgado o si, por el contrario, la rechaza por improcedente.
Anteriormente, también se excusaron de conocer el caso el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, y el juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Josué Manuel Alvarado Pacheco. Este último manifestó que prefería separarse del proceso porque, años atrás, mientras laboró como oficial en el Juzgado de Ejecución Penal, sostuvo una amistad con Stalling.
RETRASOS
Stalling fue ligada a proceso penal por el delito de tráfico de influencias desde el 9 de febrero de 2017 por el titular del juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez. Sin embargo, transcurrido más de un año, aún no se ha celebrado la audiencia de etapa intermedia.
La audiencia de etapa intermedia se ha suspendido en más de cinco ocasiones. Al menos en tres oportunidades, la suspensión se ha debido a que la abogada defensora de Stalling, Delmy Castañeda, ha presentado excusas para no comparecer a la audiencia.
Stalling se encuentra ligada a proceso por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica. El proceso se originó de una denuncia que presentó el juez Carlos Ruano, quien aseguró que la magistrada lo citó a su despacho para pedirle una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina, acusado en el Caso IGSS-Pisa.
