Por Sonny Figueroa
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El abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ante la posibilidad que no se le permita el ingreso al país luego de un viaje realizado a Estados Unidos, donde se reunió con congresistas estadounidenses.
La acción está dirigida contra el presidente Jimmy Morales, el Ministro de Gobernación, el Director General de Migración y Jefe del Aeropuerto Internacional La Aurora por la amenaza de que el mandatario impida el ingreso a territorio nacional del Comisionado, y porque no se cumplan los compromisos del Estado de Guatemala frente a la Organización de Naciones Unidas respecto a las inmunidades, exenciones y facilidades del Comisionado.
Ayer, durante una conferencia de prensa, el presidente cuestionó la legalidad de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenó la expulsión de Velásquez en agosto pasado cuando lo declaró non grato. También aseguró que Naciones Unidas no rechazó el intento de expulsión.
Sobre el regreso del Jefe de la Comisión, el vocero de la CICIG, Matías Ponce dijo que se espera que Velásquez pueda ingresar sin ningún problema.
“Desde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala esperamos que el Comisionado regrese el día de hoy al país tal como lo tenía planeado luego de una nutrida agenda de trabajo en los Estados Unidos, tanto en Nueva York y Washington. Esperamos que retorne sin problemas y retome sus funciones aquí en Ciudad de Guatemala”, dijo Ponce.
El 26 de agosto del año pasado, a través de un video, el presidente Morales declaró non grato al Comisionado de la CICIG y ordenó su expulsión inmediata.
No obstante, la CC resolvió suspender la decisión de Morales, a partir de un amparo presentado por el Procurador de los Derechos humanos, Jordán Rodas.
Alianza por las Reformas, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil, emitió un comunicado y recordó al Presidente que no obedecer una orden de la CC es constituido un delito.
“Exigimos al Presidente y a la Ministra de Relaciones Exteriores cesar los intentos por impedir el trabajo del Comisionado y les recordamos que no cumplir con una orden de la Corte de Constitucionalidad constituye del delito de desobediencia y deberán ser destituidos de sus cargos inmediatamente”, dice el documento.
