Luis Enrique Pérez

Precisamente ayer, la jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, Thelma Aldana, declaró: “Mañana es jueves y seguramente habrá personas que no van a dormir”. Uno puede interpretar esa declaración por lo menos en dos sentidos: primero, hoy jueves puede ser revelada nueva información sobre una acción penal pública ya emprendida con la intervención de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; o segundo, hoy jueves puede ser revelada información sobre una nueva acción penal pública emprendida con la intervención de ese mismo comisionado.

Si hoy puede ser revelada nueva información sobre una acción penal pública ya emprendida, ¿es información sobre la acción penal pública contra quienes intervinieron en la creación del transporte público urbano de la ciudad capital llamado “Transurbano”? Si así es, uno puede plantearse estas preguntas: ¿es Sandra Torres Casanova una de las personas que no habrán dormido? ¿O es ella una de las personas que más plácidamente habrán dormido, por tener certidumbre de complicidad de Thelma Aldana y de Iván Velásquez?

Parece ser un hecho, y no una mera interpretación o una abusiva sospecha, o una insidiosa patraña, que Torres Casanova intervino en la creación del Transurbano. El mismo expresidente Álvaro Colom Caballeros, acusado de cometer el delito de fraude y el delito de peculado en el proceso de creación del Transurbano, y quien es objeto de prisión preventiva, ha reconocido que Torres Casanova, que era su esposa, intervino. Y en un intento por exculparla ha declarado que tal intervención “no fue mayor que la de muchos funcionarios.” Por supuesto, se plantea esta cuestión: ¿la intervención misma de ella, era lícita?

Empero, agréganse las graves declaraciones de Érick Haroldo Coyoy Echeverría, quien fue viceministro del Ministerio de Finanzas Públicas durante el gobierno de Colom Caballeros. Esas declaraciones fueron solicitadas por el Ministerio Público en abril del año 2017, y recientemente reveladas por el diario Prensa Libre. Coyoy Echeverría dijo que asistía a sesiones sobre los llamados “programas de cohesión social”. Torres Casanova asistía a esas mismas sesiones; y en una de ellas se decidió conceder 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, para la creación del Transurbano. Ella consideraba “importante” conceder esa cantidad de dinero. “Fue una decisión puramente política”, afirmó Coyoy Echeverría, que representaba al Ministro de Finanzas Públicas, Alberto Fuentes Knight, a quien le informaba sobre el proceso de creación del Transurbano.

No obstante las declaraciones del exviceministro Coyoy Echeverría, el Ministerio Público no creía tener certeza, o quizá no quería tenerla, de la intervención de Torres Casanova en la creación del Transurbano. Entonces por segunda vez solicitó declaraciones del exviceministro, las cuales fueron dadas en el mes de febrero del presente año. En esta ocasión el exviceministro reveló varios mensajes enviados por correo electrónico al ministro Fuentes Knight, que confirmaban que Torres Casanova había intervenido en la creación del Transurbano.

El Ministerio Público todavía no creía tener certeza, o quizá no quería tenerla, de la intervención de Torres Casanova en la creación del Transurbano. Entonces, también en aquel mismo mes de febrero, por tercera vez solicitó declaraciones de Coyoy Echeverría, quien, en general, confirmó sus declaraciones anteriores, y agregó o reiteró esta declaración: Torres Casanova “era quien coordinaba de facto las políticas de gobierno.”

Por supuesto, si ella coordinaba las políticas de gobierno, es permisible conjeturar que intervino en la creación del Transurbano, y hasta conjeturar que ella ordenó crearlo, y asignar los 35 millones de dólares para tal finalidad. Y aunque ella, protegida por Thelma Aldana y por Iván Velásquez, no fuera sujeto de acción pública penal, esa conjetura, convertida en creencia popular, puede ser causa de un nuevo fracaso de su candidatura presidencial.

Post scriptum. Las declaraciones del expresidente Colom Caballeros y del exviceministro Coyoy Echeverría parecen suficientes para que Sandra Torres Casanova sea sujeto de acción penal pública.

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