Mariela Castañón
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El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y también se cumple un año de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que era administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y donde murieron 41 niñas carbonizadas y 15 resultaron heridas.

Liliana Valiña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), concedió una entrevista a La Hora para abordar temas relacionados con la situación de la mujer en Guatemala y del incendio que cobró la vida de las adolescentes, que necesitaban protección y abrigo de parte del Estado.

La Hora ¿Cómo evalúa la situación de la mujer en Guatemala?

Liliana Valiña. Creo que en toda la región ha habido mejoras y esfuerzos, pero definitivamente queda muchísimo por hacer, lo había señalado en algún momento, que Guatemala tenía todavía una deuda con las mujeres, por supuesto toda la región, pero Guatemala no es la excepción, porque seguimos viendo a las mujeres fuera de la toma de decisiones, insuficiente participación, mayor debilidad para acceder a sus derechos. El tema de violencia y las violencias contra las mujeres, la discriminación, la continuidad de prácticas estereotipadas, que encasillan a las mujeres en determinadas situaciones, funciones y como personas para aportar a la sociedad y obviamente esto se da desde la niñez hasta la edad adulta y allí hay una serie de elementos a los cuales podría referirme en el sentido de que el año pasado Guatemala presentó su informe y tuvo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra todo tipo de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), hace hincapié justamente en la persistencia de estereotipos discriminatorios hacia las mujeres, donde dice lo que contribuye la perpetración de altos niveles de violencia y exclusión, incluido el acceso a la justicia.

Todavía no hay una sociedad preparada y un Estado con todos los mecanismos, políticas y programas adecuados para que esto se revierta en un plazo razonable relativamente corto. Hay cosas que destacar, puntos positivos: la aprobación en agosto del año pasado de las reformas al Código Penal que prohíben el matrimonio de niños menores de 18 años, la creación de nuevos juzgados especializados en femicidio y violencia contra las mujeres en Chimaltenango, la creación de la Secretaría para Asuntos de la Mujer del Ministerio Público, la iniciativa de ley de la identidad de género, hay esfuerzos, pero muchos de estos necesitan todavía una implementación, o en el caso de la Ley una aprobación, que no pareciera avanzar tampoco.

Hay una legislación que se está dando ahora, una iniciativa legislativa 5385 que dispone aprobar la creación de un procedimiento rápido para las víctimas de violencia sexual, lo cual podría poner en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas por las deficiencias que tiene la legislación.

L. H. ¿Qué tipo de deficiencias o desafíos ven en esta iniciativa de Ley 5385?

L. V. De hacer que la justicia sea más expedita, porque efectivamente son largos los procesos y muchas veces no llegan al resultado que se espera para la protección de las víctimas. Sí es importante simplemente, la situación es que hay que ver cuál es el problema, justamente para superarlo y no es poniendo de lado los estándares del debido proceso y la participación de las víctimas en todas las etapas y también de los acusados. Eso no va a proteger necesariamente mejor a las víctimas. El objetivo que persigue es realmente importante, pero las herramientas que está presentado para lograr ese objetivo no son las que no van a permitir efectivamente una mayor protección de las víctimas, porque con fundamento en la reducción de la mora judicial, en casos relacionados con violencia sexual, explotación y trata de personas, los contenidos de la iniciativa afectan las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva de las víctimas y limitaciones sin alcance del derecho a la reparación de las víctimas y la necesidad que tenga un enfoque de género y étnico, porque además también estamos en un país con gran diversidad.

L. H. El 8 de marzo del año pasado ocurrió el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción ¿Cómo evalúan la respuesta del Estado para prevenir esta tragedia y después de ella? Se había hecho denuncias públicas sobre la violencia física, sexual y psicológica que sufrían las niñas y los niños.

L. V. La Oficina está preparando un informe, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un seguimiento en el momento mismo posterior al incendio, la situación que se estaba dando, como durante todo este año. Hemos acompañado distintos procesos, apoyado instituciones del Estado, asesorado, también acompañado a las víctimas, a sus familias, hemos promovido medidas, legislación, etc. Todo ese resultado, nuestra observación y trabajo lo queremos plasmar en este informe que queremos presentar en pocas semanas.

De manera preliminar, podría decir que si bien reconocemos que ha habido algunos esfuerzos de las instituciones y también mucho trabajo y esfuerzo de la sociedad civil, de los hogares privados que han tratado de compensar limitaciones del Estado en términos de apoyo psicosocial y de seguimiento de la situación, además de las investigaciones que se están llevando, hoy por hoy creo que estamos en una situación en la que no podemos afirmar que la prevención está asegurada y que no podría volver a suceder un hecho similar, creo que un año después, todavía hay muchas decisiones que deben ser tomadas, muchos cambios que no están ejecutados, decididos. Vemos la situación de las familias y de las niñas sobrevivientes que necesitan no solamente la investigación, la reparación, sino también una perspectiva de vida, hacer un proyecto de vida, porque han quedado en situaciones muy delicadas en cuanto a su salud física y psicológica, pero también en el marco de unas familias que no tienen oportunidad, cómo vamos a hacer con estas exigencias y solicitudes del Comité de los Derechos del Niño, que plantea que hay que tener en primer lugar, el interés superior del niño y de la niña.

En segundo lugar, hay que evitar la institucionalización que solo es algo excepcional y temporal. En tercer lugar, cómo asegurar que no es la pobreza la que ocasione que niñas y niños estén privados de libertad, porque finalmente sufren el encierro, el desarraigo de sus familias y de sus comunidades, simplemente porque sus familias no tienen trabajo, no tienen oportunidades, no tienen la posibilidad de darles una vida digna y esas niñas son entregadas al Estado para que las proteja.

Esa temporalidad que debería tener para regresar a sus familias es difícil que pueda darse, porque en la medida que las familias tengan esas oportunidades, es decir esto no se puede analizar sin mirar el contexto del país, donde el 60 por ciento de la población está excluida de sus derechos, porque está en situación de pobreza o pobreza extrema y que hay casi la mitad de las niñas y niños, menores de 5 años, con desnutrición crónica, esa debería ser la gran prioridad, porque finalmente podemos seguir construyendo mejores hogares, mejores instituciones, pero esa no es la solución.

La solución es que las niñas y niños puedan estar en sus hogares, con oportunidades y quienes hoy han sobrevivido, que pueda el Estado darles la prioridad por ser responsable por lo que pasó, porque finalmente estaban bajo el abrigo y la protección del Estado.

L. H. Hoy todavía hay 4 mil 768 niños y niñas en hogares públicos y privados, también hay una iniciativa de Ley del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia que se encuentra en segunda lectura ¿Cómo se interpreta esto?

L. V. Por mandato tenemos la responsabilidad de aportar nuestra observación, nuestra asesoría a la compatibilidad de los proyectos de legislación con los estándares internacionales y en ese marco hemos acompañado muchos procesos, hemos informado al Congreso, a las instituciones, a la sociedad civil, de cuáles son los retos, las recomendaciones que ha recibido el país de las instancias relevantes, sea el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Discriminación de las Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.

Para nosotros es un gran compromiso poder impulsar la legislación necesaria para que Guatemala pueda superar varios de estos retos que estábamos conversando, creo que es importante pensar, tal vez, nuestras instituciones no siempre son reflejo de la diversidad del país y entonces muchas veces quienes están en las instituciones tienen esa responsabilidad de poder hacer visibles a muchos sectores de la sociedad que quedan invisibles porque no están representados, como las mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños víctimas.

Esos sectores deben ser tomados en cuenta y ser prioritarios. El Congreso tiene esa gran responsabilidad y oportunidad, de poder efectivamente dar respuesta oportuna, urgente, a situaciones que son verdaderamente graves y que tienen urgencia en la necesidad de encontrar soluciones, esperamos que la legislación que apoya a avanzar en los derechos de las mujeres, de las víctimas, de la niñez, sean prioritarias y de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

L. H. ¿Qué aspectos creen que son urgentes a atender, después de la tragedia del Hogar Seguro?

L. V. Una de las medidas que se tomaron frente a una problemática que vimos, fue la necesidad que el Estado se articule y de una respuesta integral, porque cada institución tiene un mandato, pero el Estado en su conjunto debe responder a las niñas y a las familias.

Necesitamos que se articulen y juntos construyan la respuesta, por eso es que acompañamos como Naciones Unidas, un grupo de protección de la niñez, liderado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), con las instituciones claves, de manera que se pudieran tomar una serie de medidas urgentes, en ese marco hubieron algunas acciones, pero hoy como la reflexión que hacemos después de un año de los hechos, es que esas prioridades y urgencias son mucho más grandes de lo que hasta ahora se ha tenido, es decir hoy por hoy necesitamos medidas urgentes para darles un proyecto de vida a las niñas sobrevivientes y a sus familias, reparar a las familias que han perdido a sus niñas, las investigaciones son importantes que tengan una mirada integral para asegurar que se identifican todas las responsabilidades, no en términos de venganza, sino en términos de justicia, sobre todo porque eso va a ayudar a identificar dónde estuvieron los problemas para efectivamente abordar la solución desde esa perspectiva, desde la realidad concreta de lo que no funciona, no desde una perspectiva teórica, que tendríamos que tener un sistema que nos apoye, que sea mejor teóricamente, sino a partir de la realidad que vivió Guatemala, cómo podemos aprender de esa realidad para evitarla para siempre, como digo, la urgencia y la prioridad todavía es insuficiente, porque hoy tendríamos que estar afirmando que eso ya no volverá a suceder.

L. H. ¿Cuál fue el papel de OACNUDH antes y después del incendio?

L. V. Nosotros hemos venido siguiendo el tema y no nosotros solamente, sino que relatores especiales han venido, una relatora especial que había hecho recomendaciones al respecto del Hogar y de la situación de la niñez. Había recomendaciones de órganos internacionales, había una alerta que habíamos tenido y que incluso en el informe anual del Alto Comisionado, sacamos cada año sobre Guatemala, en 2016 ya había habido una referencia de preocupaciones por algunos hechos que habían sucedido, es decir sí ha habido alertas que lamentablemente no fueron suficientemente escuchadas.

La necesidad que se tomaran medidas urgentes, investigación urgente, cosas que podrían haber evitado que las niñas se quisieran escapar de esos lugares. Definitivamente si hablamos que es un hogar, uno no quiere irse de su hogar, eso hay que tomar en cuenta, que cuando hay preocupaciones, cuando hay denuncias de problemas que pueden estar existiendo debe haber una investigación y protección inmediata de esas niñas, son pasos que hay que tomar de prevención, cuando esos pasos no se toman oportunamente se continúa empeorando, entonces llegamos al 8 de marzo del año pasado, sí hemos estado acompañando desde antes, en el informe 2017, 2016 la situación.

Hubo medidas, sobretodo recomendaciones de relatores, es como la preocupación de que en su momento no se consideró suficientemente grave como para tener una respuesta inmediata consecuente, entonces eso continuó deteriorándose.

Luego de los hechos, hemos seguido acompañando, nuestra función no es observar para señalar con el dedo o para criticar, la observación es para identificar dónde hay áreas importantes, riesgos, desafíos para poder asesorar adecuadamente y acompañar esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para tratar de superar eso que estamos observando, siempre, enmarcados en nuestro mandato.

L. H. ¿Qué lecciones debe dejarnos a la sociedad y al Estado, lo ocurrido en el Hogar Seguro?

L. V. Creo que una de las lecciones aprendidas que nos dejaría no solo para el Estado sino para toda la sociedad, para los medios de comunicación, es ¿cómo miramos a nuestras niñas?, ¿cómo entendemos que las oportunidades están en la niñez? Cuando un Estado invierte en la niñez, tiene luego personas con capacidad de potencial que aporta al país, hoy pensamos en la problemática de la violencia que vive Guatemala y pensamos actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas, estamos viendo en la agenda legislativa una preocupación por la violencia que es genuina, por la situación de violencia por el narcotráfico, por las pandillas, de personas que están incidiendo en los índices de violencia en el país, la extorsión, pero si la preocupación es genuina no implica que la solución que queremos darle siempre sea genuina, la solución debe ser que nos asegure la protección de las víctimas, esa es nuestra gran prioridad como países, entonces aquí el tema es pensar en que hay que darle prioridad a la niñez, a los jóvenes y a las mujeres, eso nos ayudará a disminuir la violencia.

“Todavía no hay una sociedad preparada y un Estado con todos los mecanismos, políticas y programas adecuados para que esto se revierta en un plazo razonable relativamente corto”.
Liliana Valiña, representante de OACNUDH

“Hoy por hoy creo que estamos en una situación en la que no podemos afirmar que la prevención está asegurada y que no podría volver a suceder un hecho similar”.
Liliana Valiña, representante de OACNUDH

La solución es que las niñas y niños puedan estar en sus hogares, con oportunidades.
Liliana Valiña, representante de OACNUDH

Creo que una de las lecciones aprendidas que nos dejaría no solo para el Estado, para toda la sociedad, para los medios de comunicación, es ¿cómo miramos a nuestras niñas?, ¿cómo entendemos que las oportunidades están en la niñez?
Liliana Valiña, representante de OACNUDH.

 

 

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