Por Kimberly López
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En marzo de 2015, aproximadamente 150 periodistas, reporteros gráficos, comunicadores y columnistas marcharon con pancartas en mano y alzando consignas, hasta el Ministerio de Gobernación para exigir el esclarecimiento del asesinato de dos periodistas. En aras de prevenir futuras muertes, también pidieron la implementación de un programa de protección para periodistas. Han transcurrido tres años y ninguna de las demandas de esa marcha ha prosperado.
Las muertes que el gremio periodístico lamentaba en esa ocasión eran las de Danilo López y Federico Salazar, quienes fueron asesinados en Mazatenango, Suchitepéquez. Sin embargo, ni la indignación, ni la conmoción de esas muertes detuvo las agresiones a periodistas. Según los informes elaborados por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), desde esa fecha, 16 periodistas han muerto en el país por motivos que aún no se han esclarecido totalmente.
Sumado a eso, según los registros de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP), fueron 93 las denuncias recibidas por dicha instancia durante el 2017.
Las denuncias varían desde agresiones verbales hasta asesinatos.
Según los datos solicitados a la fiscalía, este año recibieron 38 denuncias por amenazas, tres por hurto, 11 lesiones, 17 por abuso de autoridad, dos por detención ilegal, siete por robo, una por disparo con arma de fuego sin causa justificada, cuatro por asesinato, un asesinato en grado de tentativa, una por manipulación de uso de información, manifestaciones ilícitas, uso de información y una por calumnia.
Las causas más comunes de denuncias son las amenazas y la coacción.
A pesar de las agresiones contra miembros de la Prensa, no han influido en la pronta creación e implementación de un Programa de Protección para los periodistas, con la idea de prevenir más muertes ocasionadas por ejercer la profesión de periodistas. Hasta ahora, el programa sigue siendo un borrador que no aterriza en acciones concretas y que no da garantía al gremio periodístico de que existan medidas para defender la vida de los comunicadores.
El caso de Danilo López y Federico Salazar sigue en proceso de investigación. En las primeras semanas de enero de este año, el Ministerio Público (MP) informó de la captura del diputado de FCN-Nación, Julio Juárez Ramírez, señalado del asesinato ocurrido en Suchitepéquez. El diputado fue detenido por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Fue ligado a proceso penal por esos señalamientos y guarda prisión preventiva.
PRIMERAS MUERTES DE 2018
El 2018 dio inicio con dos muertes que despertaron nuevamente la preocupación de los periodistas respecto a la falta de medidas de protección y garantías de seguridad en el ejercicio periodístico.
Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda fueron asesinados en una aldea del municipio de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez.
Según el informe elaborado por las autoridades policiales, sus cuerpos fueron encontrados por cortadores de caña, atados de pies y manos. Ambos tenían un disparo de bala en la cabeza.
El suceso causó indignación y despertó la preocupación de muchos sectores y actores interesados en la vigilancia de los derechos humanos.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN LLEVA AÑOS EN PROCESO
El 3 de mayo de 2012, autoridades del Gobierno de Guatemala aseguraron que buscarían implementar un programa de protección a periodistas. Pese a que anunciaron públicamente esa decisión, el Ejecutivo no especificó cuándo se iniciaría la construcción de este plan.
Como medida de presión, en octubre de ese año, Cerigua pidió a las representaciones diplomáticas recomendar a Guatemala implementar un programa de protección a periodistas, que se fortaleciera la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, democratizar el espacio radioeléctrico y garantizar la seguridad de la Prensa en todo el país. En consecuencia de ello, ocho Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos emitieron recomendaciones a Guatemala sobre la protección a la prensa. Luego, el entonces Secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas, se reunió con los presidentes de las asociaciones de prensa que propusieron la creación del mecanismo de protección.
Durante un acto público, autoridades del gobierno, firmaron un documento en presencia de una delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y de agencias de Naciones Unidas con el cual, supuestamente, se iniciaba la construcción del programa, sin embargo los representantes de la prensa no fueron incluidos.
El gobierno fue ampliamente criticado por no tomar en cuenta a los representantes de la prensa en ninguna de las acciones tomadas hasta esa fecha.
En junio de 2014, el gobierno designó a Margarita Castillo, exsubdirectora del Sistema Penitenciario (SP), como la coordinadora para la construcción del programa. Se anunció que a mediados de enero de 2014 se tendría un plan estructurado para construir el programa, pero hasta el momento el tema ha quedado estancado. El documento presentado por Castillo fue señalado de contener inconsistencias y errores, perdiendo el espíritu de proteger a los periodistas, según Héctor Coloj, representante de Cerigua.
A raíz de eso se hizo un análisis de esa propuesta y se objetaron 56 puntos del documento presentado por Castillo, luego se creó una nueva propuesta. Esta fue presentada al presidente Jimmy Morales en junio de 2016 con la presencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“El presidente Jimmy Morales dijo que el programa se crearía y que daba su visto bueno a la propuesta. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado la implementación de dicho programa”, explicó Coloj.
Al ser cuestionado, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, reconoció que en el proceso de elaboración de un Programa de protección a periodistas “no han logrado aterrizar” y, en pocas palabras, no ha habido mayores avances.
La formulación de ese programa fue una de las órdenes que el presidente Jimmy Morales dio a las autoridades de la Secretaría. Sin embargo, años después sigue sin concretarse y sin ponerse en marcha. Según el funcionario, ha sido un proceso que ha tenido varias complicaciones y retrasos.
“No hemos aterrizado en eso, desde el año pasado se estaba discutiendo la creación de una unidad ejecutora en el Ministerio de Gobernación, pero ese era uno de los puntos de divergencia y por eso no se ha avanzado”, explicó Brito al ser consultado sobre el tema.
Coloj también dijo que, argumentando la falta de presupuesto, la Cartera de Gobernación aún no ha oficializado el fortalecimiento de una unidad ejecutora de protección a periodistas. “Tuvimos acercamiento en la gestión del ministro Francisco Rivas y con las actuales autoridades todavía no hemos hablado del tema”, explicó Coloj.
Mientras que el secretario también manifestó que luego del deceso de Ileana Alamilla, quien fue presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), volverían a retomar el diálogo con las nuevas autoridades de esa organización.
“Veníamos trabajando con la licenciada Alamilla, nunca logramos aterrizar porque había cuestiones en las que no lográbamos ponernos de acuerdo en algunos puntos. Sin embargo, estamos con toda la intención de implementarlo”, indicó.
Respecto a esto, Coloj señaló que lejos de que la muerte de Alamilla sea motivo de distanciamiento para realizar el programa, Cerigua pueda continuar en el proceso de colaboración.
Al igual que las autoridades pasadas, Brito se comprometió a concluir este proyecto antes de dejar su cargo como Secretario de Comunicación Social.
CLIMA DE TENSIÓN PARA PERIODISTAS
En medio de la ausencia de mecanismos de protección y de garantías de seguridad para periodistas, el clima se ha tornado cada vez más tenso y ha despertado la preocupación de actores involucrados en la defensa de los derechos humanos.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), señaló que es preocupante el clima bajo el cual se encuentran los periodistas actualmente en Guatemala.
“Es en extremo preocupante este clima, además un incremento importante en las agresiones a personas que ejercen el periodismo y la comunicación social; esta estrategia de agresión ha tenido su punta de lanza en actores públicos”, denunció Santos.
“Estamos hablando del propio presidente de la República, quien en diversas ocasiones ha hecho menosprecio del trabajo periodístico y ha mostrado animadversión a la generación de información. También el mismo alcalde de la ciudad ha hecho ofrecimiento de pasar sobre la cabeza de los medios de comunicación”, aseguró el entrevistado.
Para Santos, las actitudes hostiles de representantes del Estado evidencian “un contrasentido” porque por una parte el gobierno menciona un programa de protección, pero en la práctica ha habido un incremento en los ataques, empezando por los discursos.
“Es un contrasentido si el propio Presidente está permanentemente alentando a agredir a quienes ejercen el periodismo”, dijo.
En discursos y declaraciones públicas, uno de los personajes que ha difundido discursos agresivos contra el trabajo periodístico ha sido el alcalde capitalino, Álvaro Arzú.
El alcalde capitalino ofreció un discurso durante la inauguración del ciclo de entrenamiento militar de reservistas de 2018, donde también estaba presente el presidente de la República, Jimmy Morales.
Ahí, Arzú acusó a la prensa de difamar al país y calificó de “injustas” las críticas que constantemente se realizan en los medios de comunicación.
“Tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas, vamos a tener la suficiente pasión y fuerza para recomponer y hacer renacer nuestra patria”, dijo el jefe edil.
Las palabras de Arzú llegaron a oídos del Ministerio Público, entidad que empezó la realización de un análisis para evaluar las acciones a tomar.
Personajes como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, opinó sobre esta situación.
“Alarma cuando justamente las autoridades nacionales en lugar de atender esta situación, como hace pocos días, donde estaba frente al presidente el alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, quien dijo que pasaría por encima de las cabezas de los medios de comunicación y periodistas”, dijo Lanza.
“Creo que estamos en un muy mal camino en ese sentido”, comentó.
