Por agencias/dpa
Buenos Aires
La senadora opositora y ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) será enjuiciada por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita en la concesión de obras públicas durante sus gobiernos, informaron hoy fuentes judiciales.
El juez federal Julián Ercolini culminó la investigación y elevó el caso a juicio oral, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además de Kirchner, se sentarán en el banquillo de los acusados el empresario Lázaro Báez y Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández de Kirchner y se encuentra detenido desde el 19 de octubre.
Según la acusación, la ex mandataria y el resto de los acusados «participaron de una asociación (…) destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz», el distrito patagónico en el que los Kirchner forjaron su carrera política.
La ex jefa de Estado argentina, indicó el juez, «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad».
La investigación determinó que prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz fueron en favor de las empresas de Báez, lo que representó una contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos (unos 2 mil 200 millones de dólares).
Báez es un antiguo allegado a la familia Kirchner que pasó de ser empleado de un banco a crear Austral Construcciones, una de las empresas que más contratos de obra pública recibió durante los tres gobiernos kirchneristas.
Los Kirchner levantaron su poder político en Santa Cruz entre fines de los años 80 y principios de 2000. Allí, Néstor Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003, mientras que en el mismo lapso Cristina Fernández se desempeñaba como legisladora provincial, diputada y senadora nacional.
Fernández de Kirchner asumió el 1 de diciembre como senadora nacional en representación de la provincia de Buenos Aires por el opositor partido Unidad Ciudadana.
Por ese motivo, goza del beneficio de la inmunidad parlamentaria que impide su arresto, aunque no el avance de las varias causas judiciales que afronta desde que dejó el poder en diciembre de 2015 e incluso una eventual condena.
Para que Kirchner pierda la inmunidad parlamentaria un juez debe presentar un pedido a la Cámara de Senadores, que deberá aprobarlo con el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes.
En el caso por el que Kirchner será enjuiciada, el juez Ercoloni no solicitó aún el desafuero parlamentario de la senadora.
Kirchner también deberá afrontar un juicio oral en una causa abierta por irregularidades en la venta de dólares a futuro a valores más bajos que los de mercado.
Se espera una medida similar en otra investigación en la que es procesada, junto a ex funcionarios y colaboradores, por firmar un acuerdo con Irán para, según la Justicia, encubrir a un grupo de ciudadanos de ese país sospechosos de haber atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, causando la muerte a 85 personas.
