Desde el pasado viernes la Corte Suprema de Justicia informó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que el general Melgar Padilla no forma parte de ningún tribunal, y que si bien se desempeñó como Vocal Militar de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, juramentado el 6 de julio de 2016, fue sustituido en ese cargo el 23 de junio del siguiente año por el Mayor de Policía Militar Héctor Rolando Calderón Barrientos. La Constitución es clara sobre la inmunidad y en el caso del jefe militar no le corresponde ese privilegio aunque la juzgadora que conoce del caso haya dicho que como la Constitución no lo prohíbe, ella se la pudo adjudicar ordenando al Ministerio Público que iniciara las diligencias de antejuicio.
El peregrino criterio de la juzgadora, digno de entrar a los anales de las más estrepitosas burradas, no sólo puso en evidencia cuán mal se interpreta en algunos órganos jurisdiccionales la ley sino que, además, puso en entredicho la probidad judicial toda vez que una hermana de la jueza forma parte del Ejército que, a toda costa, ha tratado de proteger al comandante de la Guardia de Honor para evitarle el paso amargo de sentarse en el banquillo de los acusados.
El caso entró ya en la dinámica de enredos tan propia de nuestro sistema de justicia, y mientras se dilucidan las recusaciones formuladas contra la juzgadora que revocó de forma escandalosa la orden de captura que ella misma había autorizado, diciendo que fue “sorprendida” por el Ministerio Público que no le informó de una inexistente inmunidad del acusado, vemos que el asunto va para largo.
El caso del general Melgar Padilla, cuya orden de captura no se ejecutó en previsión de que pudieran haber un desaguisado en la Guardia de Honor si se enviaba a la fuerza policial a efectuarla es ilustrativo respecto a las críticas que ha formulado tanto gente del gobierno como dirigentes gremiales respecto a la ejecución de órdenes de captura cuando, según ellos, bastaría una citación para que la gente sindicada se apersone en los tribunales a resolver su situación. Nótese cuántos casos hay de personas acusadas que se encuentran sin comparecer porque no se pudieron hacer efectivas las órdenes de captura, y no se han presentado a dilucidar su situación.
Eso explica por qué son tan importantes las capturas que se han venido realizando en ámbitos que van desde la corrupción hasta otro tipo de crímenes, porque se trata de asegurar la comparecencia de aquellas personas sujetas a investigación penal.
