Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt
El Congreso de la República recibió la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que exhorta al Legislativo a que reforme el inciso N del artículo 407 del Código Penal que se refiere al financiamiento electoral ilícito. En esta semana se espera tener una ruta definida para modificar la Ley de parte de los jefes de bloque.
El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, dijo que en los próximos días se reunirá con los jefes de bancada para que se decida qué ruta se tomará para hacer esa reforma, que podría elaborarse desde una comisión o ser presentada por un diputado y que se dispense de dictamen para que sea aprobada.
“Más que urgente, lo que ha sucedido es que la Corte de Constitucionalidad nos exhorta a que se reforme un artículo que ellos reconocen no está bien redactado, por eso más que urgencia, la responsabilidad del Congreso es hacer las cosas bien… o presentamos una iniciativa que salga con dictamen favorable de una comisión o se presenta una iniciativa y se dispensa de dictamen, hay varias rutas que hay que tomar en consideración y en el trascurso de la semana tomaremos una decisión de cómo llevar el tema”, expresó Arzú Escobar.
El diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, dijo que la sentencia de la CC recoge los argumentos que tomaron en cuenta los diputados para aprobar los decretos proimpunidad en septiembre pasado. Agregó que ahora se debe incluir en la discusión al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad.
“Esa resolución recoge los argumentos que se tomaron en cuenta desde que se empezó a discutir, aprobar y archivar los decretos que generaron rechazo contra el Congreso. Lamentablemente con todas las histerias que se generaron en septiembre no fue posible generar un debate más sereno alrededor de esta discusión”, indicó Conde, quien pidió que se conformara una comisión específica.
La diputada que apoyó esa propuesta fue Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, quien agregó que dicha comisión debe ser integrada por diputados de todas las bancadas para que sean tomados en cuenta los argumentos de los bloques.
El legislador Fernando Linares Beltranena, expresó que por tratarse de una reforma a delitos electorales, la propuesta debe ser elaborada por la Comisión de Asuntos Electorales.
FALLO DE LA CC
El 14 de febrero la Corte de Constitucionalidad exhortó al Congreso a reformar el segundo párrafo del inciso N del artículo 407 del Código Penal, que califica como financiamiento electoral ilícito a toda aportación que se reciba de manera anónima y que no se registre en los libros contables de las agrupaciones políticas.
A consideración de la CC, esas conductas son menos graves en comparación a las que se detallan en el primer párrafo, que explica que las personas que reciban financiamiento electoral proveniente del lavado de dinero y crimen organizado, serán condenadas hasta por doce años de prisión. La exhortación de la CC es para que los delitos del segundo párrafo tengan una condena menor.
