Raúl Molina

Escribí sobre la necesidad de enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas la semana pasada y, al acercarnos al 8 de marzo, dedicaré este artículo y varios más a sensibilizar en torno a la necesidad de una campaña nacional, a la cual nos sumemos todas y todos, a lo largo de 2018. Debe ser tema de nuestras reflexiones y debates, para que cale en la ciudadanía y la niñez que la violencia contra las mujeres y las niñas debe desaparecer. Hablaba en el artículo anterior de la génesis de la violencia brutal contra las mujeres y de los factores que han coadyuvado a exacerbarla y extenderla también a las niñas. Hoy, invito a que nos situemos en el contexto del feminicidio, para comprender bien este flagelo y la responsabilidad del Estado en su continuidad, particularmente con gobiernos “machistas” y militarizados como el actual. Tomaremos el informe del GAM correspondiente al mes de enero, el cual no ha merecido suficiente interés de los medios de comunicación social. El GAM dice: “En medio de un clima de polarización provocado por Jimmy Morales y su gobierno da inicio 2018, la crisis no ayuda a la estabilidad e implementación de políticas públicas, especialmente las que tienen relación con la seguridad ciudadana… El Ministerio de Gobernación ha sufrido cambios, un nuevo Ministro está a la cabeza de esa cartera, ello genera incertidumbre por desconocer cuáles serán las acciones que tomará y si ellas incidirán o no en favor o en contra de la criminalidad”. Al no poder mejorar la seguridad ciudadana, el Presidente decidió mentir en su informe al Congreso, tratando de manipular las estadísticas, como hizo también con la situación de la desnutrición en el país. Al corregir las cifras de 2017, pese al inútil acompañamiento del Ejército a la Policía por calles y caminos, el promedio de 15 asesinatos diarios de 2017 fue el mismo que en 2016. Y lo que no se dijo es que el número de feminicidios aumentó.

En 2018, en vez de mostrarse algún alivio, ocurre todo lo contrario. Dice el informe: “en datos obtenidos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se puede ver que enero de 2018 inicia con cuatro muertes más que enero de 2017… Este incremento se produce especialmente en mujeres, siendo el grupo que mayor vulnerabilidad presenta, debido a la poca atención que se le brinda a este tipo de hechos delictivos”. Efectivamente, en enero fueron asesinadas 82 mujeres, veinte más que el promedio mensual de 2017; febrero parece seguir la misma tendencia al alza, aunque los periódicos no reportan estos casos ni les dan el seguimiento correspondiente. Debo insistir acá que se necesita que los principales medios escritos de comunicación social recojan las noticias de violencia contra mujeres y niñas, como categoría especial, y las analicen más, generando un banco de datos con esta información. En la práctica de los derechos humanos, avergonzar al Estado, el gobierno o a funcionarios específicos juega un papel esencial para producir modificaciones de conducta. Hay que hacerlo con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, incluido el Ministro de Gobernación, y con el Sistema de Justicia.

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