Por Sara Barderas
Madrid/Palma,
Agencia dpa
Un tribunal de España dejó hoy a la infanta Cristina de Borbón con medio pie en el banquillo de los acusados al confirmar su imputación por fraude fiscal pero anular la acusación más grave, la de blanqueo de dinero, en el proceso por corrupción que protagoniza su marido.
De esta manera mantiene la incógnita de si la infanta Cristina, de 49 años y sexta en la línea de sucesión al trono, será una de las personas juzgadas por el caso de corrupción que dañó la imagen de la monarquía y golpeó el final del reinado de su padre, Juan Carlos I.
La Audiencia de Palma de Mallorca estudió y decidió hoy sobre los recursos presentados en ese proceso, en el que otras 19 personas fueron señaladas para sentarse en el banquillo y en el que el principal acusado será su marido, Iñaki Urdangarin, de 46 años.
La razón de que no se pueda asegurar que Cristina será juzgada por los dos delitos fiscales de los que se la acusa es que solo lo hace una acusación popular, la organización Manos Limpias, y existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que debe haber también acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o de la parte afectada -en este caso Hacienda- para que alguien sea juzgado.
En esa jurisprudencia confía la defensa de la infanta para que esta evite el juicio. «Existen precedentes de que esta acusación (popular) no estaría legitimada para seguir adelante», destacó en Barcelona su abogado principal, Miquel Roca.
El destino judicial de la hermana del rey Felipe VI vuelve ahora a estar en manos del juez de instrucción José Castro.
Es el juez que durante más de tres años investigó el caso de corrupción en el que su marido está acusado de apropiarse de seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que habría utilizado junto a su socio para aumentar su patrimonio.
Castro debe decidir si aplica o no la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De mandar a la infanta al banquillo, la decisión será irrecurrible y Cristina se convertirá en el primer familiar cercano de un rey de España en ser juzgado.
La infanta conoció la decisión judicial de hoy en Ginebra, donde vive desde hace más de un año junto a su familia, tras haber sido apartada de la agenda oficial ya a finales de 2011, cuando fue imputado su marido. «No le tiene que hacer ninguna ilusión que sus tesis hayan sido solo estimadas en parte», dijo hoy su abogado.
La Audiencia de Palma califica de «innegable e inobjetable» que contribuyó a defraudar a Hacienda y se benefició a través de la empresa Aizoon, de la que ella y su marido son dueños al 50 por ciento. Castro consideraba además al acusarla de blanqueo de dinero que gastó dinero público desviado por su marido en la reforma de su palacete, clases de salsa y viajes, entre otras cosas.
El juez insistió mucho en imputar a la infanta. Primero lo hizo como cooperadora necesaria de los delitos cometidos presuntamente por su marido, pero la Audiencia de Palma la desimputó. Luego, por los dos delitos fiscales que se mantienen y por blanqueo de dinero.
En febrero la tuvo declarando durante más de cinco horas delante de una fotografía de su padre, que aún reinaba, en el modesto edificio que alberga su juzgado de instrucción en Palma. Nunca antes había visto España algo semejante. Cristina aseguró entonces no saber nada de los negocios de su marido.
El juicio se celebrará probablemente en 2016 y en él, en principio y en espera de lo que decida Castro, habría 20 personas en el banquillo de los acusados, incluida la infanta. Sobre su marido pesan 25 cargos en torno a nueve delitos (hoy le sumaron uno): prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, fraude a Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.
El «caso Nóos» asestó al reinado de Juan Carlos I su mayor golpe y estuvo, según analistas, entre las razones que llevaron al monarca a abdicar la corona en su hijo Felipe en junio.
El nuevo rey y la reina Letizia se han mantenido apartados del matrimonio Urdangarin-Borbón. En la proclamación de Felipe, el 19 de junio, Cristina quedó completamente excluida de los actos oficiales. Ella y su hermana, la infanta Elena, quedaron además ese día oficialmente fuera de la familia real, compuesta ahora solo por los monarcas, sus dos hijas y los reyes Juan Carlos y Sofía.
Felipe ha tomado además medidas directas para evitar un escándalo similar en su reinado y ha prohibido trabajar en el sector privado a todos los miembros de la familia real.
Desde que se convirtió en rey se dijo que uno de los grandes retos a los que tiene que enfrentarse es el destino judicial de su hermana. Pero parece estar en situación más sólida que su padre.
La aceptación de Felipe y Letizia como reyes no ha sido mala. En una encuesta publicada el domingo por el diario «El País», se situaban de hecho como los líderes más valorados de España, por delante de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición.
