Por Sonny Figueroa
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La bancada Encuentro por Guatemala (EG) presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia –SAAS–, para que se limite a sus principios que son seguridad, prevención y logística del binomio presidencial y que no se inviertan los recursos públicos en gastos personales de los mandatarios.
La diputada Nineth Montenegro, quien presentó el proyecto de Ley, explicó que “se busca ordenar la casa, que la SAAS se circunscriba a sus funciones” y que la Contraloría General de Cuentas (CGC) acompañe constantemente a la secretaría en todos los gastos que realice.
En la iniciativa de ley se le agregan cuatro párrafos al artículo 1 de la Ley Orgánica de la SAAS, dejándolo así:
“Se prohíbe asignar y devengar dentro del presupuesto anual de esta secretaría, gastos no oficiales, accesorios o de otra índole que sean eminentemente personales de los funcionarios y sus familias, exfuncionarios, y cualesquiera otro tipo de personas o servidores públicos. La SAAS deberá apegarse estrictamente al cumplimiento de sus atribuciones y exclusivamente a los principios de seguridad, prevención y logística de la presidencia y vicepresidencia”.
En la iniciativa elaborada por Encuentro por Guatemala se detalla que la SAAS debe entregar en los primeros diez días de febrero un informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. Además, el reglamento interno de la SAAS debe ser elaborado de nuevo con el apoyo de la Contraloría.
Una investigación de Nuestro Diario reveló que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia utilizó recursos estatales para comprar artículos para uso personal del presidente Jimmy Morales. En el texto se detalló que se gastó en comprar lentes, ropa, calzado y botellas de licor entre otros productos.
A raíz de esto, la Contraloría empezó una auditoría y solicitó que la SAAS reintegre Q358 mil, que fue lo usado por dicha institución en compras personales del Presidente durante 2017 y parte del 2016. Dicha secretaría tiene un plazo estimado de 15 días para hacer el reintegro de los recursos, de lo contrario se presentará una denuncia ante un Tribunal de Cuentas.
