POR KIMBERLY LÓPEZ
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En el informe circunstanciado elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre el nivel de cumplimiento de los derechos fundamentales en 2017, la entidad destacó la preocupación sobre la forma en que la corrupción ha influido en la baja garantía de los derechos fundamentales de los guatemaltecos.
El informe señala que los actos de corrupción realizados por funcionarios o servidores públicos son más graves debido a la delegación de autoridad que estos tienen y al uso indebido de los recursos públicos.
En los últimos años, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han evidenciado el complejo sistema de funcionamiento de las diferentes estructuras criminales, así como su extensión en las instituciones del Estado, indica el documento.
El derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la salud, derecho a la alimentación y las condiciones de pobreza y desigualdad son, según la PDH, los más afectados por el abuso de los recursos públicos y actos ilícitos.
En un apartado del informe, se critica la forma en que las precariedades en insumos y recursos para el despliegue policial contrastan con los recursos que se pierden por simulaciones de negocios para reparación de patrullas y remodelaciones, que han sido investigadas por el Ministerio Público.
Asimismo, señalaron preocupación por los cambios realizados a la unidad especial para investigar anomalías y actos de corrupción a lo interno del Ministerio de Salud Pública. En la gestión actual, indica el documento, se ha concretado un retroceso a los avances contra la corrupción que se había alcanzado en la gestión anterior.
En cuanto al eje de alimentación, la PDH recordó la denuncia realizada por quien fuera viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Rosa Pacheco, sobre presiones recibidas de parte del ministro de Agricultura, Mario Méndez, para autorizar el pago de alimentos que no se encontraban en las bodegas de ese viceministerio.
«La PDH es consciente del grave efecto que la corrupción tiene sobre el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad, y de los efectos perniciosos en el ejercicio de los derechos sobre todo de los sectores en condiciones de vulnerabilidad», reza el informe.
