Por Douglas Cuevas
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En septiembre del año pasado el actuar del Congreso de la República fue bautizado por la ciudadanía como un Pacto de Corruptos, al haber aprobado modificaciones al Código Penal que beneficiaban a acusados por corrupción y secretarios de partidos políticos. Cuatro meses después sectores sociales advierten que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también forman parte del pacto.
Esto a consecuencia de las propuestas que nacieron en la Cámara Penal y que buscan cambios en el Código Procesal Penal, que a criterio del propio Ministerio Público (MP) son sugerencias que vendrían a generar impunidad y corrupción al limitar el trabajo de investigación y vetar a la prensa de las audiencias de primera declaración.
Para Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el borrador de reformas tendría un cambio drástico en la administración de justicia que sería comparado con un retroceso de varias décadas.
“Esta propuesta de ser aceptada y aplicada sería un retroceso en la administración de justicia, nos haría viajar al tiempo de la dictadura militar con tribunales secretos en los que nadie podía participar, no se tenía conocimiento ni siquiera de quiénes estaban ahí”, indicó Polanco.
Entre las diferentes observaciones que hace el activista señala que ya existe un evidente acuerdo de algunos diputados con el presidente Morales, al que se vienen a sumar magistrados de la CSJ.
“Yo creo que hay diputados que están alineados con Jimmy Morales y ahora se suman algunos Magistrados…podríamos estar hablando de un Pacto de Corruptos más amplio”, puntualizó.
FUNDACIÓN MACK ENVIARÁ PROPUESTAS
Andy Javalois, analista jurídico de la Fundación Myrna Mack, señaló que un equipo de profesionales de la institución está leyendo las propuestas de reformas para poder redactar una serie de sugerencias a los magistrados de la Cámara Penal que están tratando de impulsar el proyecto.
“A la Fundación Myrna Mack le preocupa profundamente que se estén realizando una serie de propuestas de reformas que en apariencia tienen una intención muy clara de intentar consolidar el debido proceso…pero no se está tomando en cuenta que al mismo tiempo son elementos que pueden fomentar la impunidad”, señaló.
PLENO DEBE ANALIZAR PROPUESTAS
José Pineda Barales, presidente de la CSJ, explicó que en la última sesión plenaria no entraron a conocer el apoyo para las reformas porque no contaban con las recomendaciones y comentarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, el Inacif. El MP ya se pronunció en contra.
“Recuerden que una Cámara no tiene iniciativa de ley, es la Corte Suprema Justicia. Este proyecto no ha llegado al pleno de la CSJ”, dijo Pineda.
