Francisco Cáceres Barrios
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No hace mucho los guatemaltecos tuvimos la oportunidad de ver en un medio de comunicación la fotografía de una factura por más de cuatrocientos quetzales por un arreglo floral enviado a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Si hubiera sido pagada con fondos propios del funcionario público remitente no tendría nada de malo, simplemente otra clásica “chaquetería” más de las que se acostumbran en nuestro medio. Pero cuando se comprueba que fue sufragada con fondos públicos asignados a una dependencia oficial, resulta una grosera muestra del mal uso que se hace del dinero que pagamos todos los guatemaltecos a través de los impuestos.
De acuerdo a la Constitución al Congreso le corresponde aprobar, modificar o improbar el presupuesto al menos 30 días antes que entre en vigencia el mismo, para lo cual el Organismo Ejecutivo debe enviarlo con 120 días de anticipación al 1 de enero de cada año. Lo que no establece la Carta Magna es la forma o manera en que debe ser aprobado, lo que los primeros gobiernos revolucionarios hacían en el pleno, partida por partida, con el fin de ejercer una real y efectiva actividad fiscalizadora o controladora del gasto público que ya no se hace, propiciando con ello el derroche o despilfarro del mismo. El sistema de análisis que ahora se utiliza es a través de la comisión de finanzas, la que se integra con elementos afines al apetito insaciable que existe en la mayoría de elementos que conforman el Organismo Legislativo emitiendo finalmente un dictamen que conlleva por lógica, satisfacer el interés antes mencionado.
El problema no está entonces en aprobar o no un buen presupuesto, sino en la forma o mala maña con que se viene haciendo. Por otra parte y para ponerle la tapa al pomo, también la Constitución establece que previo informe de la Contraloría de Cuentas, el Congreso anualmente debe aprobar o improbar, en todo o en parte, el detalle y la justificación de todos los ingresos y egresos del año anterior. Aquí cabe entonces preguntar: ¿Alguien sabe si lo anterior se cumple al pie de la letra? Con excepción de la diputada Nineth Montenegro, quien en diversas ocasiones ha demostrado acuciosidad e interés en el tema, se puede asegurar que jamás ese Organismo ha sido capaz de cumplir con tal mandato constitucional.
Entonces, ¿cómo la ciudadanía podrá pedir que la aprobación y ejecución del presupuesto de gastos sea transparente y cumplida si nuestros “representantes” no son legítimamente electos, mucho menos capaces y honestos para cumplir con sus deberes y obligaciones? Esto viene a demostrar que la mala administración pública se genera básicamente en el Congreso. ¿Alguien lo duda?
