Por Redacción La Hora
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En un comunicado firmado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la instancia anunció que buscarán el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que envíe una misión que profundice en las acciones estatales que han sido llamadas por los guatemaltecos como Pacto de Corruptos y evitar que avance y cause un gran daño en el país.
En la argumentación y contexto de las acciones que desde el Ejecutivo y el Congreso han violentado el Estado de derecho en el país, según la Comisión, se encuentra la declaración de non grato contra Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
También las modificaciones al Código Penal por el Congreso, a las que dieron marcha atrás por la presión ciudadana, la destitución de Juan Solórzano Foppa al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los rumores de una remoción de Jordán Rodas al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Ramón Cadena, director de la CIJ, refirió que “todo ello para defender los intereses de funcionarios de los tres poderes del Estado”. Cadena añadió que “todo ello es parte del pacto de corrupción e impunidad que existe en el país y que proviene de las autoridades del más alto nivel”.
