Por Douglas Cuevas
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó una denuncia contra el juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos Rodas, por presuntamente haber brindado información de una investigación bajo reserva a una persona ajena al expediente; el juez por su parte descalificó los señalamientos catalogándolos de absurdos.
El caso judicial relaciona al exfutbolista René Villavicencio, del equipo Xelajú Mario Camposeco, quien fue aprehendido el 1 de agosto de 2016 por un caso de presunta extorsión, y quien había solicitado ser colaborador eficaz en un caso a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG.
Esta persona brindó la declaración en anticipo de prueba el pasado 31 de agosto, testimonio que según la denuncia habría sido uno de los elementos que llegó a terceras personas, violándose de esa forma, las garantías del proceso.
Matías Ponce, vocero de la Comisión, explicó que la denuncia fue presentada por la institución y que se encuentra a la espera de una resolución.
«Confirmamos el trámite de denuncia disciplinaria que sigue su curso. Es importante que en los procesos judiciales se mantenga la reserva total cuando así se haya estipulado, de manera de brindar las garantías necesarias a todas las partes en la administración de la justicia», señaló el portavoz.
SEÑALAMIENTOS SON ESPURIOS
Para el juez Castellanos Rodas, los hechos que se detallan en esa acusación se encuentran alejados de la verdad, al manifestar que toda esta situación se dio tras haber rechazado el convenio de colaboración eficaz de Villavicencio, que tanto el MP como la CICIG no apelaron.
“Yo la miro como espuria e ilegítima que cae inclusive en lo absurdo, no por parte de la Comisión, por parte de la abogada mandataria de CICIG”, dijo el juez. Agregó que considera que se está tratando “de alguna manera amarrarme de manos para que yo acceda a lo que la mandataria pide”.
El juez envió una copia del informe circunstanciado que entregó a la Junta de Disciplina Judicial, con fecha de recibido 6 de diciembre, en la que adjuntó 123 folios como pruebas de descargo, incluidos audios de las diligencias. El juez afirma que luego que se levantó la reserva, la audiencia fue pública y que particulares acudieron a las diligencias.
