Por Sonny Figueroa
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Durante una citación al Congreso de la República, los miembros del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), reconocieron que la decisión de remover a Juan Francisco Solórzano Foppa como Superintendente, se tomó sin existir un análisis jurídico. La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) considera que existe conflicto en la Ley Orgánica de la SAT y que por tal motivo la decisión fue de carácter político.
La directora Liliana Castillo indicó que “no existió un dictamen jurídico en la decisión de remover a Solórzano Foppa” y que se tomó la decisión en base al informe de recaudación, un informe de la unidad de análisis fiscal del Ministerio de Finanzas y el artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT, que explica que el Superintendente deberá ser removido cuando “incumpla el convenio de cumplimiento metas de recaudación tributaria”.
Durante la citación, el diputado Julio Ixcamey de la UNE expuso que tras las modificaciones a la Ley Orgánica de la SAT en 2016, se colocó el artículo 64 transitorio, que explica que el actual Superintendente continuará en el cargo hasta el 2020. “El Superintendente que esté en el cargo al inicio de la vigencia de este Decreto, lo ejercerá hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, y tendrá derecho de postularse para su reelección”, dice el artículo.
Carlos Barreda, de la UNE, dijo que “la decisión de remover a Solórzano Foppa no está apegada a derecho porque existe un conflicto en las normativas y que se debió hacer un análisis jurídico”. Agregó que como bloque harán un análisis de los audios de la reunión del Directorio y la Ley, y que decidirán si denuncian o no a los integrantes del Directorio.
DIPUTADOS SE PRONUNCIAN
Jean Paul Briere, de TODOS, e integrante del Frente Parlamentario para la Transparencia, dijo que el Directorio debió confirmar a Solórzano Foppa en el cargo. “De cierta forma sí llegó a su meta, en mi opinión no había una razón justificable para removerlo, se podrían haber hecho ajustes para que siguiera al frente de la institución. Por lo que está sucediendo en el ambiente podría decir que si –que la remoción se dio por temas políticos–”.
Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, lamentó la decisión del Directorio y calificó de política la remoción. “Se llegó al 99.7% y es un récord histórico, nadie había llegado a esa recaudación. Es lamentable la salida de un elemento que trabajó en lucha contra la evasión y mejoró las medidas administrativas. Se están haciendo cosas que van para atrás, porque están destituyendo a personas valiosas. Me parece que pudiera haber otras intenciones de poner gente más complaciente”, explicó la diputada.
