Por Douglas Cuevas
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Los periodos de vacaciones del Organismo Judicial en los últimos meses del año retrasaron el informe de antejuicio contra el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, denunciado por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.
Por ese tiempo de descanso la Sala Tercera Penal postergó la recepción del documento para mediados de febrero, lo que le da espacio a la jueza pesquisidora del alcalde, Judith Secaida, de afinar detalles que le podrían hacer falta para emitir su recomendación, que no es vinculante, a los magistrados de Sala que tendrán que tomar una decisión: retirar o confirmar la inmunidad de Arzú.
El expediente del Caso Caja de Pandora nace a raíz de la declaración en anticipo de prueba de la viuda de Byron Lima y también colaboradora eficaz, Alejandra Reyes Ochoa, quien explicó a detalle los negocios que Lima tendría dentro del sistema carcelario donde el apellido Arzú era uno de sus principales clientes, según ese relato.
La investigación fue develada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado 5 de octubre, cuando las autoridades en materia de investigación explicaron que el expresidente y actual Alcalde podría estar involucrado en los negocios ilícitos del capitán fallecido, por lo cual presentaron la solicitud de antejuicio esa misma tarde.
RETÓ AL MP Y A LA CICIG
Cuando Thelma Aldana, Fiscal General, y el Comisionado Iván Velásquez brindaban una conferencia de prensa dentro del grupo de periodistas se asomó el alcalde Arzú, quien en más de una ocasión intentó tomar el micrófono cercano para responder a los señalamientos en su contra, sin tener éxito en su cometido.
Ya cuando el expediente se encontraba en las diligencias de antejuicio el Alcalde envió un documento a través de su abogado defensor presentando de esa manera sus pruebas de descargo, evitando dar la cara ante la jueza y pisar, por segunda ocasión, los Tribunales de Justicia. El jefe edil tuvo que acudir a una cita por el antejuicio que lo señaló de instigación a la violencia, que luego fue rechazado por una sala.
