Juan Francisco Reyes López
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Álvaro Arzú, en el capítulo 29, subtítulo ‘Pueblos Indígenas’, ante la pregunta ¿de qué manera abordó su gobierno el asunto de la composición multiétnica de Guatemala y las diferencias sociales de los diferentes grupos? ¿Emprendió alguna tarea en particular?, responde esta breve pregunta con una extensa respuesta de más de dos páginas, abordando en la misma varios aspectos.
El primero, el Decreto 122-97 con el cual el gobierno establecía un Impuesto Único Sobre Inmuebles, IUSI, generalizado, lo cual provocó severas protestas en el Altiplano del país, especialmente en Sololá, San Marcos, Quetzaltenango y Chimaltenango. Alude al competente embajador Acisclo Valladares y lo critica porque en su columna de opinión escrita y radial manifestó acciones en contra de dicho decreto, no comprendiendo que un columnista tiene y debe criticar y opinar sobre todo aquello que considere procedente hacerlo, de conformidad con la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
Se refiere al Convenio 169 que su gobierno ratificó como parte de los Acuerdos de Paz y que estaba pendiente de ser ratificado desde el gobierno de Ramiro de León Carpio, convenio que Guatemala se había obligado como parte de un tratado internacional de OIT.
Adicionalmente, en la página 295 manifiesta que su gobierno presentó al Congreso las doce reformas constitucionales contenidas en los Acuerdos de Paz, para que fueran aprobadas; sin embargo, dicha aprobación requería del voto de dos terceras partes del Congreso, las cuales posteriormente serían sometidas a consulta popular, ‘pero el Pan no tenía tal cantidad de votos, por lo que tuvimos que pactar con el FRG, los congresistas Arriaga Martínez, Alfonso Cabrera, Nineth Montenegro, Reyes López y los grupos indígenas y cuando se abrió el debate de las comisiones o mesas partidarias y con presencia de todos los sectores, las reformas se elevaron a 54’.
“Dentro de tantos artículos propuestos para la consulta popular, habían cosas absurdas como aquel disparate de que si se encontraba vestigios arqueológicos en su propiedad la misma dejaba de ser suya. Ahora quieren regresar a tales extremos con la Ley de Desarrollo Rural y esa es preocupación del sector privado, por eso es que se mantiene estancada. Quienes más protagonizaron el llamado al NO fueron los ideólogos de la Universidad Francisco Marroquín ellos celebraron el triunfo del NO”.
Nuevamente el presidente Álvaro Arzú se confunde, posiblemente por no haber sido nunca diputado no comprende que el Congreso es soberano y cuando se le pide que realice la consulta popular no está obligado a que estrictamente contenga lo que el Ejecutivo ha aprobado y/o acordado, por ello es que la consulta se amplió de forma adecuada y conveniente.
También, Álvaro Arzú se equivoca cuando dice que eran los diputados Arriaga Martínez, Alfonso Cabrera y Reyes López. Cabrera fue diputado en el gobierno de Vinicio Cerezo, Arriaga Martínez en el de Jorge Serrano y brevemente en el de Ramiro de León, y yo fui diputado en el gobierno de Jorge Serrano y Ramiro de León. Ellos eran líderes y voceros de diferentes tendencias democráticas, no eran diputados.
También vuelve a equivocarse cuando trata de atribuirle al FRG un criterio que contiene el Convenio 169 con respecto a la tierra, acuerdo que está establecido en el tratado internacional de OIT y que en ningún momento ha sido defendido específicamente por el FRG.
En lo que posiblemente sí acierta es que fue el sector empresarial y miembros de la Universidad Francisco Marroquín quienes apoyaron el NO en la consulta popular.
¡Guatemala es primero!
