Por Douglas Cuevas
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A finales de octubre e inicios de noviembre la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó una serie de desalojos a familias ubicadas en las comunidades de Semuy y Sa’kuxha, ambas de Alta Verapaz; así como en la aldea Ch’och en Izabal; según una evaluación de seguimiento realizada por líderes indígenas, 57 niños de las aldeas que fueron desalojadas tienen problemas de salud a consecuencia de sus condiciones de hábitat actual.
Daniel Pascual, uno de los representantes indígenas, manifestó que los principales problemas que el equipo de médicos detectó en el monitoreo fueron casos de desnutrición, parásitos y problemas respiratorios por las actuales condiciones climáticas.
Las organizaciones indígenas solicitaron a mediados de noviembre medidas cautelares a favor de los tres poblados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero hasta el momento no han sido notificados del avance de su solicitud.
Se trató de contactar al titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Organismo Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), para conocer la postura del Ejecutivo sobre este tema, pero se informó que Luis Borrayo Reyes se encontraba en una reunión.
PIDEN ANULAR ÓRDENES DE CAPTURA
Los dirigentes indígenas dieron a conocer el tema durante una conferencia de prensa en la que también expresaron su preocupación por la existencia de órdenes de aprehensión contra aproximadamente 25 líderes de las comunidades desalojadas, por ello, solicitaron a las autoridades dar marcha atrás con las mismas al señalar que los comunitarios no cometieron delitos.
