POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Jimmy Morales está por concluir un año más como Presidente de Guatemala. En estos doce meses, la mayoría de sus acciones y decisiones han resultado cuestionables y le han generado una serie de desgastes. A eso se suman señalamientos que han desembocado en una solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aunque el proceso no prosperó al ser arropado por el Congreso, que no le retiró su inmunidad en un caso de supuesto financiamiento electoral ilícito.
DISTANCIAMIENTO DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA
El paquete de reformas al Sector Justicia que se discutió en el Congreso, no fue plenamente respaldado por el Presidente.
Morales fue el primero en anunciar la intención de hacer reformas constitucionales para fortalecer las instituciones de justicia en 2016. Sin embargo, con el paso del tiempo se desentendió de la discusión de estas modificaciones a la actual Constitución.
En una entrevista otorgada a La Hora, dejó claro que consideraba necesaria una reforma al Sector Justicia, pero no dio su respaldo a la que se discutía en el Legislativo, que fue consensuada en comisiones técnicas y que él mismo avaló en un inicio al presentarla como iniciativa. En esa ocasión, Morales se dijo víctima de una injusticia y cuestionó el hecho de que “organismos nacionales o internacionales” dijeran a los diputados qué aprobar y qué no.
A pesar de eso, negó haber dejado huérfanas esas reformas. “¿Se quedaron huérfanas? No. Yo creo que la paternidad de cualquier ley tiene que ser del Legislativo y yo el 14 de enero, en mi informe, dije que estoy de acuerdo con las reformas al Sistema de Justicia. ¿Cuáles? Las que se lleven el debido proceso”, dijo en esa misma entrevista.
INCONFORMIDAD CON LA SAT
Durante 2016, cuando la estrategia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se enfocaba en dar continuidad a los procesos judiciales que habían iniciado en gestiones pasadas y en acciones coercitivas muchos aplaudieron la rigidez de la SAT al tomar estas medidas e intervenir a una serie de empresas, en cambio Morales manifestó su malestar con las acciones de la institución.
“No quiero meterme a ese tema y les voy a decir por qué. Soy Presidente de la República y no puedo yo socavar a las mismas instituciones. Creo que la SAT ha hecho muy buenas cosas, creo que hay otras que deben mejorarse y una de las cosas que deben mejorarse es el trato legal que se le da a todos los temas. Tiene que tener una justa medida y una justa dimensión porque, si no, se corre el riesgo de perder la certeza legal en inversiones. Hay casos muy delicados que si no se tratan de la forma correcta nos van a pasar una factura muy grande en temas económicos e internacionales”, dijo el mandatario en una entrevista con La Hora publicada en mayo, al referirse a las acciones judiciales que, desde el inicio de su gestión, empezó a implementar Juan Francisco Solórzano Foppa.
Hasta ahora, el mandatario no ha sido claro sobre su postura ante la gestión de Solórzano Foppa y asegura que hará un análisis luego de obtener los resultados de la última recaudación del año.
TRAGEDIA EN HOGAR SEGURO
Morales es el Presidente que ha acumulado la mayor cantidad de solicitudes de antejuicio, en los dos años que lleva en el cargo. Una de las solicitudes fue presentada por la diputada Sandra Morán y se fundamentaba en la responsabilidad que tendría el Presidente en la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideró “espuria” la denuncia de Morán.
Más allá de la decisión de la Corte, llovieron señalamientos y comentarios respecto al nivel de responsabilidad que Morales tuvo en ese acontecimiento al haber nombrado como secretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia a Anahí Keller, exproductora de televisión.
Asimismo, conforme se dio a conocer la información de lo sucedido previo y durante la tragedia, se determinó que Morales estuvo al tanto de muchas de las decisiones tomadas por la Policía Nacional Civil ese día.
Al ocurrir la tragedia, la respuesta del mandatario fue tardía y en una conferencia de prensa ofrecida a medios de comunicación evadió la responsabilidad del Ejecutivo en lo sucedido.
“Podemos hacer mucho, desde protestar hasta proponer y actuar, esa última palabra es la más difícil”, así finalizó una rueda de prensa interrumpida en la segunda pregunta por el propio mandatario, luego de que periodistas de diferentes medios de comunicación manifestaran su inconformidad por las dificultades para realizar su labor.
DENUNCIA A MARVIN MÉRIDA
Durante el mes de julio de este año, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una denuncia penal contra Marvin Mérida, quien ocupó el cargo de Comisionado Presidencial para temas de Migración en Estados Unidos y quien representaba al presidente Jimmy Morales ante la comunidad migrante.
La denuncia fue presentada por usurpación de funciones y abuso de autoridad, luego de que Mérida firmara un contrato, supuestamente en representación del Gobierno, con una empresa lobista en Estados Unidos.
Mérida no contaba con las atribuciones para firmar el documento y, según el Ejecutivo, no había alguna instrucción de que actuara de esa forma en representación del Gobierno.
Mérida fue un personaje cercano a Morales cuando se disputaba la presidencia del país.
El mandatario delegó la responsabilidad de denunciar a Mérida a la PGN y mantuvo la postura de que Mérida no respondía a sus instrucciones al firmar el contrato del lobby. Supuestamente el acercamiento con los lobistas tenía como fin afectar la lucha contra la corrupción en el país.
ANOMALÍAS EN FINANCIAMIENTO ELECTORAL
A finales de agosto, el MP a través de la Fiscalía de Delitos Electorales en conjunto con la CICIG presentaron un antejuicio contra Jimmy Morales Cabrera, por la posible comisión de delitos por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación.
De acuerdo con la investigación, Morales en su calidad de Secretario General de FCN-Nación, pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política.
De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.
El partido oficial evadió de distintas formas las auditorías que intentó realizar el Departamento de Auditoría del TSE. Hasta ahora, no se ha aplicado alguna sanción severa al partido y las investigaciones siguen en proceso con la dificultad de que no pueden investigar a Morales, porque el antejuicio solicitado no fue admitido.
DECLARACIÓN DE “NON GRATO”
Mientras la mayoría de guatemaltecos dormía, un domingo a tempranas horas el Presidente confirmó a través de un video difundido en sus redes sociales, lo que se rumoraba desde días antes: declararía non grato al comisionado Iván Velásquez, luego de que solicitar su remoción como jefe de la CICIG, ante la Organización de las Naciones Unidas, no tuviera éxito.
“En el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 183, inciso B de la Constitución, como presidente de la República y por los intereses del pueblo de Guatemala y la institucionalidad declaró non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado y le ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, anunció.
La Corte de Constitucionalidad (CC) fue la que dio revés a la decisión de Morales. Resolvió declarar inconstitucional la declaración en respuesta a un amparo planteado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lo que evitó la salida inmediata de Velásquez y advirtió a Morales que no podría volver a hacer una petición similar; en su lugar instruyó a que se solventara cualquier situación por las vías establecidas en el convenio entre Guatemala y la ONU para solventar cualquier disputa.
SALE A LUZ BONO ILEGAL
En septiembre, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó una solicitud de antejuicio contra Morales luego de recibir una denuncia del Grupo de Apoyo Mutuo y un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que identificó en la cuenta del mandatario 6 depósitos por Q50 mil, que provenían del Ministerio de la Defensa. Se trataba de un bono de responsabilidad que el mandatario recibía desde inicios de este año.
La solicitud fue enviada a raíz del reporte de la IVE, entidad que considera que no existe sustento legal para que el mandatario recibiera ese dinero en su cuenta.
En esa ocasión, la Fiscalía señaló que Morales podría haber incurrido en abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) también cuestionó la legalidad de este bono. La investigación sigue en proceso y alcanza a exfuncionarios como Williams Mansilla, quien fue ministro de la Defensa.
PACTO DE CORRUPTOS
La Hora recibió información de fuentes confiables que indicaron que Morales, apoyado por algunos alcaldes, sindicalistas, empresarios, políticos y el Nuncio Apostólico, le ordenó a su ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que hiciera lo necesario para preparar un paquete de reformas que acabara la lucha contra la corrupción.
Producto de esa planificación, el Congreso habría intentado modificar el delito de financiamiento electoral ilícito. Luego, aumentaron de 5 a 10 años la conmutación de las penas de cárcel. Deberían de guardar cárcel solo aquellos que sean condenados a más de 10 años. A esa serie de cambios se le denominó Pacto de Corruptos.
Luego de haber aprobado esas reformas, los diputados se vieron obligados a recular, ante las manifestaciones masivas y el rechazo de varios sectores a lo aprobado por el Congreso.
NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
El último fracaso del Ejecutivo fue la no aprobación del Presupuesto que solicitaron para la gestión del próximo año. En septiembre entregaron al Presidente del Congreso, el proyecto del Presupuesto General 2018, por Q87 mil 900 millones.
La propuesta incrementaría el gasto del Gobierno en Q10.5 mil millones. El proyecto incluía aumento de recursos para varias carteras como Educación, Salud, Comunicaciones, Defensa, por mencionar a los principales.
Sin embargo, en la última sesión realizada en noviembre, cuando se cumplía el plazo en ley para la discusión y aprobación del presupuesto, no hubo suficientes votos de respaldo para el Ejecutivo.
La falta de acuerdos entre las bancadas impidió que el Congreso aprobara un nuevo presupuesto.
Para el otro año tendrán que cumplir sus obligaciones con el techo de gastos de Q77 mil 622 millones 573 mil 371.88, el cual rigió este año y continuará vigente para el próximo ejercicio fiscal.
Son varios los momentos en los que Morales protagonizó las discusiones y fue el centro de atención de la opinión pública durante 2017. ¿Cuál será su desempeño y su papel en 2018?
