Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Continuando con los señalamientos y declaraciones a lo manifestado por Álvaro Arzú, en relación a la privatización de la Empresa Eléctrica, en la página 281 él dice: “Pero si la electricidad no va acompañada de proyectos productivos se vuelve un problema por la tarifa, porque al principio ni modo, todo el mundo feliz, llegó la luz, pero luego viene el costo de la tarifa eléctrica, del alumbrado público, de bombeo de agua, etcétera.
Durante nuestro ejercicio nadie se atrevió a fruncir la nariz, ni el empresariado, ni el Ejército, ni la comunidad internacional, ni la Iglesia”.
Sobre ese tema no debe de olvidarse que el rol del gobierno es gobernar para todos, velando por los más débiles, respetando a las minorías, pero garantizándole a la mayoría de la población que la tarifa de los servicios públicos no sea abusiva.
Durante el gobierno del PAN hubo mayor oferta de electricidad, hecho positivo; sin embargo, dentro de los contratos de generación existieron condiciones onerosas y en algunos casos abusivas. El INDE vendía al consumidor domiciliario a un precio y en algunos casos, en los contratos privados de suministro de energía eléctrica, compraba a un precio mayor, con cláusulas de escalada periódica de precios en dólares, lo que implicaba pérdidas operativas millonarias para el Estado.
Durante el gobierno del PAN, mes a mes, se acumularon millonarias pérdidas o déficit en la venta de energía eléctrica, las que se constituyeron en la primera sorpresa económica que el gobierno del FRG tuvo que enfrentar. Incluso, la energía hidráulica que generaba Chixoy se les vendía a los grandes consumidores industriales a mucho menor precio que a los consumidores domiciliarios.
Ello no solo era injusto sino gravoso para el Estado, tuvo que ser corregido en el primer año de gobierno del FRG, lo que motivó crear “la tarifa social domiciliaria”, que permitió que los consumidores salieran beneficiados en un 90%, siempre a expensas del Estado.
En relación al alumbrado público, vale aclarar que las municipalidades del país, incluyendo la Municipalidad de Guatemala, no cobran el precio real sino que lo utilizan para cobrar cantidades adicionales que les subsidien su propio consumo, incluso les genera adicionalmente ingresos ilegales.
En los recibos de consumo eléctrico se ve un renglón que dice alumbrado público, el cual, como se puede comprobar en la Municipalidad de Guatemala, es de un 12% del consumo en cada inmueble, en alguna municipalidad llega a ser hasta el 19%.
También debo señalar que el bombeo de agua es solo otra ineficiencia municipal porque por la topografía de Guatemala, las principales ciudades deberían de ser abastecidas por las aguas de ríos y/o lagos, lo cual permitiría mayor suministro de agua por gravedad a menor costo.
También debo de señalar que la comercialización y distribución de energía eléctrica fue privatizada y vendida a grandes inversionistas extranjeros, concentrando la riqueza.
Distinto hubiera sido si a estas ventas también se le hubiera aplicado la propuesta del FRG de capitalismo popular, que -insisto- hubiera desarrollado una mayor clase media en el país, mejor distribución de la rentabilidad y utilidades que producen las acciones de estas empresas privatizadas.
¡Guatemala es primero!
Continuará…
