Raúl Molina

La semana pasada ejemplifiqué de qué manera ética y extrema derecha son incompatibles e irreconciliables. Hoy, analizo el tema en la realidad centroamericana. En Honduras, el dictador Juan Hernández (porque violó la Constitución al ser candidato) y un grupúsculo de inescrupulosos políticos y militares le robaron la elección a la mayoría del pueblo hondureño, que había votado por Salvador Nasralla. No hay ética alguna en el Tribunal Supremo Electoral, que procesó el robo gracias a “providenciales apagones” y trucos cibernéticos. Tampoco habrá ética de parte de la OEA, si de alguna manera, pese a la denuncia de fraude de Americas Watch, convalida los resultados. Y, como era de esperarse, no hay la más mínima ética en Washington si hace posible que Hernández sea el gobernante por más tiempo. Esa es la derecha extrema hondureña y continental. Tampoco ha sido ético el silencio de los gobiernos centroamericanos y menos todavía el apoyo de Jimmy Morales a Hernández.

El divorcio de Jimmy con la ética viene siendo una constante. Sus ataques contra el embajador Todd de Estados Unidos, el comisionado Velásquez de la CICIG, la Fiscal General del país y ahora el Procurador de los Derechos Humanos no solamente faltaron a la ética, sino que son inmorales, ilegales e ilegítimos. No es ético que en un país sumido en la pobreza, Jimmy y altos oficiales del Ejército se hayan embolsado el “bono de responsabilidad” por desarrollar las funciones que les ordena la Constitución. El bochornoso ejemplo ha sido copiado por otros funcionarios y magistrados con el “bono navideño” y, en el caso del TSE, con el cobro, por adelantado, de un inventado bono para pagar su obligación institucional de realizar el referendo sobre Belice. Poco se hace para enfrentar la desnutrición infantil, calificada como la más nefasta violación de derechos humanos en Guatemala y son mezquinos los fondos para la educación y la salud o para generar empleo y oportunidades, continuándose con el robo de los recursos del Estado.

Es contrario a la ética haber convertido al Congreso en un mercado de prebendas y favores. La práctica de la compra de los votos en las decisiones legislativas ha sido el modus operandi de la legislatura que se inició en 2016; se ha utilizado para blindar a Jimmy Morales y buscar la impunidad de los corruptos y criminales. Al desaparecer la ética de la política, es posible cualquier injusticia, como criminalizar la protesta social y las amenazas de muerte a defensores de derechos humanos, así como cualquier abuso por parte de las autoridades. Se trata de gobernar por la “fuerza”, lo que explica que sea el Ejército el sector privilegiado por el gobierno de Jimmy, otorgándole transferencia de tareas y recursos y trasladándole los fondos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Sin ética alguna, las fuerzas armadas le hacen el “trabajo sucio” a Estados Unidos, orientados por sus “asesores militares”, tanto en materia de narcotráfico como con “el muro humano militarizado” que persigue a la migración no documentada. Así, reafirmo, no se podrá rescatar el Estado sin reinstalar la ética al centro de su accionar.

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